"Habitantes de 2 de los 3 pueblos que rodean Santa Lucía dicen que la consulta de AMLO los excluyó"

Ciudad de México (SinEmbargo).- La consulta que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) el pasado 10 de marzo para informar y determinar si los habitantes aprobaban la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en la Base Aérea de Santa Lucía, excluyó a dos municipios colindantes a ese terreno: Zumpango y Tecámac.

Incluso tampoco consultó a los otros municipios en los que se podrá resentir la construcción y el funcionamiento del aeropuerto en su servicio de agua.

Los habitantes de ese municipio señalaron que las autoridades del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no les han prestado atención a sus inquietudes sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto y mucho menos se les ha informado si se hará una consulta con los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ellos demandan como pueblos originarios.

De acuerdo con información compartida por Presidencia, en esa consulta que se hizo a la comunidad indígena de Xaltocan, municipio de Nextlalpan, “el pueblo indígena manifestó su autorización para aportar las tierras ejidales y comunales de su propiedad y posesión y se acordó que accederán a los beneficios derivados del proyecto”.

La aprobación, se señaló en un comunicado, fue unánime, luego de un diálogo entre 626 ciudadanos y autoridades del Gobierno federal.

Las entidades responsables de la consulta y su seguimiento son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Sadatu y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en calidad de órgano técnico.

“Se estimó necesaria la consulta porque dentro del área de ampliación del aeropuerto se ubican las tierras de propiedad colectiva de la comunidad de Xaltocan, cuestión que no ocurre con otras comunidades aledañas”, se agregó.

Sin embargo, la preocupación inicial de los pobladores no es, de entrada, la tierra, sino el agua.

“El problema es con los sistemas comunitarios de agua, porque en esa región, los pueblos originarios que han logrado mantenerse como tal, quedaron citados por muchos desarrollos inmobiliarios y comerciales. Es una lucha que vienen dando desde hace muchos años, al menos desde 2005, porque el agua que necesitan los desarrollos industriales e inmobiliarios, es en demérito a las reservas acuíferas de estos sistemas comunitarios […] Evidentemente, el núcleo del problema es el agua en la región”, comentó al respecto José Antonio Lara Duque, Director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Estos municipios están ubicados en una subcuenca que se conoce como Cuautitlán-Pachuca, que pertenece a la cuenca del Valle de México. De acuerdo con datos del Centro, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoce que dicha cuenca tiene una sobrexplotación que ronda en 800 por ciento, es decir, se le saca ocho veces más agua de la que se reintegra al subsuelo mediante el ciclo natural del agua.

Con la demanda de agua del Nuevo Aeropuerto, “las dimensiones de agua que necesitaría un Aeropuerto de corte internacional, están muy por encima que los requerimientos de agua que tiene hoy la Base Militar, es decir, puede haber una confusión o una mala interpretación en el sentido de que el conflicto con el Aeropuerto es la tierra, el territorio, pero no, la Base de Santa Lucía está delimitada, el problema es que no es lo mismo atender una demanda de militares que tienen vuelos profesionales y está perfectamente delimitado a un uso mínimo del agua”, agregó Lara Duque.

¿POR QUÉ EN TEXCOCO SI?

Ante esta problemática, los pobladores de estos municipios comentaron en entrevista con SinEmbargo que existe una molestia y una desilusión porque no se les ha consultado sobre el proyecto y no han logrado exponer públicamente a las autoridades a la comunidad en general las razones por las que se oponen a la construcción del Aeropuerto.

Y mucha parte de la exigencia parte de que si en Texcoco se hicieron consultas y foros informativos, por qué el proyecto de Santa Lucía no genera lo mismo.

“Hemos pedido información de manera oficial, tanto al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Javier Jiménez Espriú, a la Conagua que nos dé un diagnóstico de la zona y ninguno responde. La única que nos ha recibido es Irma Eréndira Sandoval en una ocasión, el 15 de febrero. Dijo que haría mesas de trabajo pero no se ha dado tal. Parece que nomás nos traen con dilación para seguir el proyecto”, comentó Mateo Martínez Urbina, Médico y Presidente del Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México A.C.

En los encuentros con la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pidió a los vecinos, primero, pedir información. Cuando se le dijo que eso ya lo habían hecho y que además ya habían solicitado audiencias al Presidente, a Espriú, a Blanca Jiménez de Conagua, quedó en hacer mesas de trabajo con las diferentes dependencias, pero no ocurrió.

Quedó de darles una cita y no hubo nada; salió un reportaje y los citó, pero a seis cuadras de la oficina ubicada en Insurgentes Sur, en la Ciudad de México, les canceló.

Con la obra simbólicamente iniciada el pasado lunes 29 de abril, los vecinos exigen una consulta.

Para la antropóloga María de la Luz Romero Balderrama, las autoridades han sido por completo omisas y no han respetado el Convenio 169 de la OIT, “no es posible que se esté hablando del inicio de la construcción cuando no ha habido información como la hubo en Texcoco, donde se desplegaron foros, consultas, las comunidades se organizaron, se llevaron por parte de Atenco muchos eventos informativos con académicos, especialistas. Sí hubo información hacia la población y en este caso no hay nada, no se ha tomado en cuenta a los pueblos y son sus territorios, son sus formas de vida las que están defendiendo, por lo que no pueden sobreponer sus derechos a un proyecto que no está avalado por ellos”, comentó.

Este comportamiento, agregó, no va de acuerdo con el discurso del Presidente sobre el derecho a la cultura, a los pueblos y se tiene que reconsiderar por parte del Gobierno esta situación, incluso al tema de la soberanía alimentaria porque en esta región donde quiere hacer el Aeropuerto, a pesar de que ya mucha de la tierra ya fue vendida para las grandes inmobiliarias, aún hay campo y tierra para que se pueda revertir todo el daño que se ha ocasionado a las comunidades al haberles arrancado su sustento alimentario.

De acuerdo con la Sedatu, en la consulta que realizó, se dio la autorización de aportar las tierras ejidales y comunales de su propiedad y posesión a dicho proyecto, previo pago de la contraprestación correspondiente.

También que la comunidad accedió a los “beneficios derivados de la implementación del proyecto”, sin especificar éstos y se nombró un Comité de Seguimiento y Verificación que estará integrado por representantes del gobierno federal y de la comunidad para continuar el diálogo, a fin de concretar los beneficios a favor de la comunidad.

De este evento, los otros dos municipios directamente implicados, no tenían información.