"Gobierno del Estado ofrece a desplazados del sur terreno de 3.5 hectáreas"
MAZATLÁN.- Con todo listo para manifestarse este domingo en la zona turística, el movimiento de desplazados del sur de Sinaloa acordó con Gobierno del Estado desistir de la radicalización de sus acciones de protesta ante el ofrecimiento de comprar un terreno de 3.5 hectáreas en la periferia de Mazatlán y dar paso a la primera etapa de construcción de viviendas.
Luego de una reunión con el nuevo secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez, y otros integrantes del gabinete relacionado a la atención a esta problemática, se hizo el anuncio oficial por la tarde de este sábado en la sede del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), organización que ha acompañado a los desterrados por la violencia desde julio de 2017, cuando se recrudeció la ola de éxodos forzados de la sierra de Concordia.
El titular de Sedesol, Ricardo Madrid, habla de la compra de un terreno para comenzar a reubicar a desplazados en Mazatlán.
"Tenemos un terreno ubicado donde podemos tener la primera etapa de la solución del problema; tenemos un recurso asignado por el Congreso del Estado, que si bien no alcanza para tener terreno, viviendas y todo lo que esto implica, tenemos que ir avanzando, ir en la lucha, ver qué sigue y dónde vamos a conseguir todo lo demás que necesitamos para tener la solución completa".
Así se expresó el titular de Sedesol ante cientos de personas que llevan dos años pugnando por una vivienda, en vistas de que aseguran no poder regresar a sus pueblos en la sierra, a causa de la inseguridad.
El funcionario aseguró que es un paso histórico para este movimiento, pues el contar con el predio permitirá continuar con los trámites necesarios para asignar los lotes a las víctimas de la violencia, iniciando con un grupo de 270 familias (de las más de 420 que ya han sido registradas).
Pero sobre todo, reiteró, con esto se podrá gestionar los recursos para la construcción de las casas y la introducción de servicios públicos.
Al encuentro acudieron el secretario de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandarilla; el subsecretario de Gobierno, Marcos Osuna; el director de la Comisión Estatal de Vivienda, Salvador Reynosa Garzón, quienes se comprometieron a dar un seguimiento puntual del tema y sostener una reunión para ver los avances cada 15 días.
En tanto, el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, José de Jesús Flores Segura, se comprometió a brindar el apoyo necesario a los desplazados, así como a facilitar la dotación de servicios en el nuevo fraccionamiento que se vaya a construir.
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También participó como testigo el defensor de Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, quien aseguró que el desplazamiento forzado continúa en Sinaloa, no sólo con brotes masivos, sino también "a cuentagotas", en territorios de Culiacán, Navolato y Sinaloa municipio, principalmente.
El fundador de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa agregó que desde 2009 se calcula que más de 40 mil personas han sido desplazadas en el estado, aunque no se han contabilizado los posibles retornos.
Para el caso de Mazatlán, se informó que el predio tendrá un costo de 9 millones de pesos, que se tomarán de los 30 millones que fueron asignados por Congreso del Estado para atender a los desplazados en Sinaloa.
Por el momento, se reservaron la ubicación exacta. Sólo se dio a conocer que ya se hizo la negociación con el propietario, aunque falta concretar la compra y el trámite de escrituración, que dura unos 45 días.
Tras los relevos en Sedesol, los desplazados externaron su preocupación de que no se cumplieran los acuerdos con el anterior titular, Álvaro Ruelas Echave, y ante una serie de inconformidades con la dependencia, el miércoles pasado marcharon por el malecón y se plantaron frente a las oficinas de la Secretaría de Turismo.
Ahí convocaron a los integrantes del movimiento a manifestarse afuera de los hoteles que son propiedad del Gobernador Quirino Ordaz, en la Zona Dorada.
Este domingo iniciarían esa nueva marcha desde la discoteca Valentino, pero ante la respuesta de los funcionarios, decidieron dar un voto de confianza al Gobierno estatal.
