"En México, una de cada dos pruebas pendientes de Covid-19 está retrasada"

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Uno de los argumentos para la implementación del sistema de vigilancia Centinela en México frente a la epidemia de Covid-19 es la eficiencia: con el muestreo que se hace de los casos no graves (10 por ciento del total) se puede estimar la cantidad de contagios totales, al tiempo que se mide el 100 por ciento de los casos graves. Eso permite enfocar los esfuerzos y los recursos en las medidas de mitigación y atención hospitalaria, ha insistido el subsecretario López-Gatell una y otra vez.

Por eso México realiza muchas menos pruebas que otros países que se decidieron por modelos de testeo masivo: al 17 de abril (día 51 de la epidemia), en el país se han estudiado a 48,365 personas, de las cuales se han confirmado a 6,875 (14 por ciento) como “Positivos”, se han descartado como “No Positivos” a 28,126 (58 por ciento) y permanecen como sospechosas o “resultado pendiente” 13,364 (28 por ciento). De la lista de casos sospechosos se nutre la lista de casos confirmados que se actualiza diario con el comunicado diario de la SSA.

Se define formalmente como “sospechosa” a una persona a la que se le realiza la prueba PCR para Covid-19 cuando ingresa a atención médica. El “estándar de servicio” de las pruebas debe ser de 3 días (72 horas) desde que se les toma la muestra hasta que se publica en el sistema SISVER, según el Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Viral.

Gracias a la base de datos abiertos que la SSA puso a disposición de manera diaria a partir del 14 de abril, podemos saber la fecha de ingreso a atención médica de esas personas, así como el estatus de su prueba (“Positiva”, “No Positiva” y “Resultado Pendiente”), de ese modo podemos calcular cuanto tiempo llevan en la lista de sospechosos y si ya superaron el plazo del estándar de servicio.

Perdóneme la introducción técnica, pero era necesario para explicarle que en México el tiempo que las personas esperan por los resultados de sus pruebas supera por mucho el estándar de servicio que la misma Secretaría de Salud se fijó a sí misma.

Prácticamente uno de cada dos casos sospechosos (47.9 por ciento) rebasa el plazo de los 3 días en que debieron recibir los resultados de su prueba. Lo que significa que los laboratorios no tienen la capacidad necesaria o las autoridades no están reportando los resultados puntualmente.

Visto por dependencia del sector salud, casi la mitad (48 por ciento) de las pruebas retrasadas se encuentran en el IMSS, el 34 por ciento en la SSA, el 6 por ciento en clínicas privadas y el 4 por ciento en servicios estatales.

Los cinco estados que más casos tienen atrasados son Nuevo León (1,291), Ciudad de México (982), Chiapas (613), Estado de México (575) y Baja California (495). Y los cinco estados que menos casos atrasados tienen son: Campeche (9), Colima (9), Nayarit (18), Zacatecas (24) e Hidalgo (24).

Pero lo más grave es el tiempo promedio de días que los sospechosos se mantienen en el estatus de “Resultado pendiente”. El promedio nacional es de 5.77 días y solo Campeche promedia menos de los 3 días reglamentarios con 2.29, mientras que el peor resultado lo arroja Tabasco con 10.62 días promedio, seguido de Guerrero con 8.95, Jalisco con 8.75, Quintana Roo con 7.39 y Veracruz con 7.27.

Sinaloa se ubica en la posición 12 de 32, registra 5.05 días promedio por caso sospechoso (también por encima del estándar) y tiene 135 casos con el plazo vencido.

¿Por qué es importante que las pruebas cumplan con el estándar? Primero por razones médicas: mientras más rápido y preciso sea el diagnóstico de los pacientes, serán mejor atendidos y contenidos. De acuerdo con los datos: el 27 por ciento de los sospechosos cuya prueba está retrasada han requerido hospitalización mientras que el resto (73 por ciento) han sido ambulatorios.

Y segundo, por razones epidemiológicas y de política pública: mientras más rápido se puedan confirmar o descartar los casos sospechosos, se podrán medir con mayor precisión los brotes de contagio y atenderlos oportunamente en cada región del país.

Engordar la lista de sospechosos para mantener a raya la lista de confirmados no sirve de nada si al final esos sospechosos demandan recursos hospitalarios, pueden contagiar a otras personas e, incluso, en el peor de los escenarios, fallecer sin ser diagnosticados. Como ya ha sucedido con 153 personas en este país.