"Desplazados del sur de Sinaloa pierden sus pertenencias por las lluvias"
Al informar que se han registrado 100 nuevas familias desplazadas que no se habían dado a conocer por miedo, el Movimiento Amplio Social Sinaloense advierte que con las primeras lluvias ya empezaron a sufrir las consecuencias las personas que desde el año pasado migraron a Mazatlán por la violencia en la sierra de Concordia.
Son por lo menos 30 hogares, en los cuales habitan de dos a tres familias, los que viven en invasiones prácticamente a la intemperie, pues sus casas tienen techos de plástico o de otros materiales rústicos que no garantizan su seguridad, señaló Miguel Ángel Gutiérrez, integrante del MASS.
Ante esta situación, comentó que es urgente la entrega de 200 atados de lámina que habían quedado pendientes de parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, para solventar la situación de manera provisional en tanto se presenta una solución duradera.
“Las necesidades más urgentes tienen que ver con la vivienda aquí en Mazatlán, pues muchas personas ya no desean retornar a sus comunidades por temor a la inseguridad”, lamentó el defensor social.
En invasiones Canaco y San Antonio, se ha detectado la presencia de personas que han huido de la acción de grupos armados en la zona serrana. Sin embargo, también se ubican en colonias de la periferia de Mazatlán, donde en muchas ocasiones se reúnen dos o tres familias para alquilar una casa.
En otros casos son recibidos por familiares o amigos, y tienen que dejar sus escasas pertenencias en el exterior, muchas de las cuales se han perdido con las recientes precipitaciones.
De acuerdo con estimaciones del MASS, se necesitan por lo menos 300 viviendas para cubrir las necesidades de este grupo de la población que se encuentra en situación vulnerable.
No habían salido por miedo
En el registro que ha elaborado este movimiento, llegaron a contabilizar poco más de 500 familias cuando se dieron los desplazamientos colectivos detonados por hechos violentos de alto impacto, como la masacre de ocho personas en la comunidad de Potrerillos el 28 de julio del año pasado.
“Muchos se habían ocultado por miedo, ahora después de un año se animan a salir para ver si pueden tener algo de ayuda”, manifestó Gutiérrez.
A partir de octubre comenzó a darse un retorno a la sierra y el padrón disminuyó a cerca de 200 familias. Ahora con las personas que han manifestado haber sufrido el desplazamiento forzado, de nuevo son 300 las que contabiliza esta agrupación, tomando en cuenta que cada núcleo familiar es integrado como mínimo por cinco personas.
Miguel Ángel Gutiérrez señala que el gobierno estatal ha otorgado algunos apoyos de utilidad para las víctimas, entre ellos 300 abanicos y comidas gratuitas en los comedores comunitarios. Sin embargo, lo prioritario sigue siendo un lugar donde vivir y la seguridad en las comunidades.
Es de recordar que la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Raúl Carrillo Castaños, se comprometió a realizar un censo oficial de las personas desplazadas, con el fin de instrumentar un plan de acción para atender su problemática.
