Rafael Morgan Ríos
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Cuando se estaba escribiendo esta columna para su publicación en Noroeste, aparece una noticia en la que algunas organizaciones ciudadanas criticaron que el Sistema Estatal Anticorrupción “no mantiene una agenda dinámica, pública y abierta orientada al combate a la corrupción, como es su esencia…” pero tampoco el Sistema Nacional Anticorrupción está funcionando, a pesar de las constantes notas periodísticas sobre actos de corrupción en regímenes pasados y aún en la actual administración federal.
Se tiene que reconocer que al régimen de López Obrador le ha sido más efectivo y redituable “clientelarmente” hablando, la denuncia pública, con o sin pruebas, la búsqueda de testigos, protegidos o no, que declaren sobre sus propios actos de corrupción, pero que involucren a convenientes personajes políticos y empresariales, que sujetarse a los procesos jurídicos en los que impera el principio de derecho de que: se es inocente hasta que se pruebe lo contrario, en tal forma que es el que acusa el que debe aportar elementos de prueba ante la autoridad judicial correspondiente y no es el acusado el que tenga que demostrar su inocencia.
La denuncia pública mediática trae como consecuencia inmediata el juicio público y la sanción social del desprestigio, aunque se sea inocente, pues a pesar de que se aporten testigos y documentos a través de los mismos medios de comunicación, la sanción social ya está dada bajo el otro “principio popular” de “si el río suena es que agua lleva”.
Este desprecio al Estado de Derecho y la falta de respeto a las instituciones independientes del poder público, sobre todo cuando en ella intervienen ciudadanos igualmente independientes, está propiciando que las denuncias de los actos de corrupción se desvíen y hasta perjudiquen el debido proceso jurídico; en estas condiciones nadie se salva de cualquier acusación por estrafalaria y sacada de todo contexto parezca. Ir a tribunales se ha convertido en un segundo paso, cuando ya “se perdió” el primero, el del “tribunal del pueblo”.
El Sistema Nacional Anticorrupción y los correspondientes sistemas estatales quedaron truncos, no han terminado de integrarse, no tienen presupuesto para operar y no hay voluntad política.
Consultando sobre esto con el contador Ramón Antonio López Machado que ha estudiado y se ha especializado en este tema, comunica que “a poco más de 12 años de su nacimiento, los sistemas de contabilidad gubernamental no han logrado su debida implementación y operación…” y que precisamente de esta contabilidad es en el que se puede obtener información de donde se deduzca y se pruebe que hay actos de corrupción; no existe una verdadera rendición de cuentas y no se transparentan los actos y decisiones gubernamentales para que los ciudadanos conozcan y evalúen los actos de los gobernantes.
Tampoco están cooperando coordinadamente las tres dependencias, federales y estatales, para iniciar y aportar pruebas para el proceso disciplinario, pues la Secretaría de la Función Pública está actuando por su lado, denunciando públicamente, calificando faltas de probables actos de corrupción y sancionando con destituciones, multas e inhabilitaciones, sanciones que muy probablemente serán anuladas en tribunales; la Auditoría Superior de la Federación entrega sus resultados a la Cámara de Diputados dos años después de la realización de los actos de probable corrupción y no siempre ha sido capaz de aportar pruebas suficientes para los juicios en tribunales y la tercera, encargada de investigar y sancionar faltas administrativas y de probables hechos de corrupción en el Poder Judicial, es poco lo que ha aportado hasta la fecha.
Finalmente, el Sistema Nacional Anticorrupción no está totalmente integrado; no se han designado o ratificado a todos los magistrados de las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa; existe una indebida influencia del Ejecutivo Federal en la Fiscalía General de la República diseñada como organismo autónomo; la restricción de partidas presupuestales y la falta de interés del Ejecutivo Federal, es por lo que este sistema ciudadano institucional no funciona.
A nivel estados, la situación es similar y en algunos casos más grave: tampoco hay presupuesto suficiente; los comités ciudadanos han sido cooptados por los gobernantes; los integrantes del sistema no acaban por coordinarse y los comités de Participación Ciudadana tampoco están bien integrados.
Pareciera pues que al Sistema Nacional Anticorrupción se le quiere dejar morir por inanición.
