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Después de casi 15 meses de trabajo conjunto entre legisladores y organizaciones de la sociedad civil, la reforma a la Ley de Obras Públicas de Sinaloa finalmente fue aprobada con una valiosa garantía: la sociedad tendrá hoy espacios más amplios de participación durante los procedimientos de contratación de obra pública.
Este jueves ha quedado registrado en la historia de esta entidad un ejercicio que centra su valor en la participación ciudadana: a través de mesas de Parlamento Abierto se fueron incorporando las propuestas de una decena de organismos ciudadanos que trabajan en la defensa de los derechos de acceso a la información y participación social.
La reforma a la Ley de Obras Públicas se puede considerar una victoria, pues entre los cambios logrados se vislumbran más oportunidades para los interesados en vigilar el ejercicio de los recursos públicos desde las contrataciones de obra.
El dictamen aprobado -elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Comunicaciones y Obras Públicas, de la 63 Legislatura- otorga al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción la facultad de elegir a los tres ciudadanos que integran los Comités de Obras, el organismo que tiene entre sus atribuciones la de revisar el Programa Anual de Obras Públicas y sus presupuestos, y formular observaciones y recomendaciones. El CPC tendrá que iniciar procesos públicos y transparentes, ponderando el reconocimiento público, honestidad, independencia, carácter ciudadano y conocimientos en la materia, de los aspirantes.
Otro de los avances que hay que celebrar es la incorporación del Estándar de Datos Abiertos para las Contrataciones Abiertas para el Poder Ejecutivo, quien deberá aplicar este modelo en la publicación de documentos de todas las etapas del proceso de contratación. Este estándar tiene el aval del G20 y organizaciones internacionales, y contribuye a incrementar la transparencia en las contrataciones, posibilitando análisis más exhaustivos de datos.
La figura de Testigo Social se fortalece pues se amplía su participación a los procedimientos por adjudicación directa, una modalidad que sigue siendo hoy cuestionada por lo enormes riesgos de corrupción que la distinguen. Con la reforma, los ciudadanos que se constituyan como testigos sociales podrán también serlo en este tipo de procedimientos y no solo en las licitaciones como es ahora, incluso en aquellos casos en los que se considere que hay información clasificada como reservada, confidencial o de seguridad pública. El artículo 40 fracción I de la Ley reformada, además, establece como novedad que las resoluciones emitidas por un testigo social en Sinaloa tendrán ahora carácter vinculatorio a los actos de un gobierno.
Otra buena noticia es que las excepciones a la licitación pública se reducen de 14 a cinco. Este cambio es muy valioso porque la práctica ha demostrado cómo los gobiernos abusan de esta prerrogativa, aplicando excesivamente algunas de las excepciones para evadir procedimientos competitivos e íntegros.
Con la reforma se obliga al Gobierno de Sinaloa a realizar sesiones públicas, grabadas y trasmitidas en vivo por medios electrónico, para transparentar la fase de presentación y apertura de propuestas presentadas.
Finalmente, hay que reconocer que haber acotado facultades a Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Precasin) es otro de los logros de la reforma, la cual establece que ahora este organismo público descentralizado solo podrá realizar labores de conservación y mantenimiento, y obras justificadas por causas de fuerza mayor como lo son los fenómenos naturales. Precasin tampoco podrá realizar obra nueva.
La reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas deja algo claro: la participación ciudadana es un activo valioso en Sinaloa que en adelante deberá ser superado por otras Legislatura.
