"Va saliendo la pus"
david@bufetealvarez.com
Once meses tardo la investigación del Observatorio Ciudadano de Mazatlán (OCM), pero finalmente en tribunales se logro que el Instituto de Cultura de Mazatlán entregara la información que le solicitamos, relacionada con unas adjudicaciones directas por más o menos dos millones y medio de pesos.
Lo que descubrimos no es algo que nos haya sorprendido, pues al dificultar tan obsesivamente la entrega de la información, sospechábamos que algo turbio estaban ocultando.
Las dependencias oficiales, por regla general, se resisten a entregar la información y utilizan cuanta chicanada tengan a la mano para desalentar al ciudadano que la pide y vencerlo por cansancio.
Obviamente eso no funciona, ni con el OCM, ni conmigo, pues estamos curtidos en este tipo de batallas en tribunales y siempre salimos vencedores.
Lo que descubrimos, dicho en pocas palabras, es que la Asociación Civil a la que le adjudicaron los contratos a que me refiero, estaba integrada por servidores públicos tanto del Instituto de Cultura como del Ayuntamiento.
Para muestra, el botón de Rafael Padilla, titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento y quien era, aunque usted no lo crea, el tesorero de la Asociación Civil a la que le dieron los contratos.
Obviamente que las normas legales aplicables prohíben tajantemente que se celebren contratos ya sea por adjudicación directa, invitación a tres proveedores o licitación pública, con personas físicas que son servidores públicos o con personas morales (como la Asociación Civil) en donde sean socios, accionistas, asociados o funcionarios, los servidores públicos.
Eso se conoce como “conflicto de intereses” y esta considerada como falta administrativa grave que es investigada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y sancionada por el Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa.
Por ese motivo el OCM presentó ante la ASE la denuncia por faltas administrativas graves correspondiente y no presentamos una denuncia penal, sencillamente porque no es necesario ya que, si la ASE detecta que las faltas administrativas denunciadas, además constituyen algún delito, tiene la obligación de informarlo a la Fiscalía Anticorrupción para que inicie la Carpeta de Investigación respectiva.
Como vemos, la pus ya esta saliendo a flote y la pelota ahora esta en la cancha de la ASE, quien no necesitará investigar mucho para determinar que en efecto existen faltas administrativas graves.
Y digo que no necesita investigar mucho, porque prácticamente todas las pruebas se acompañaron a la denuncia presentada por el OCM y son precisamente los documentos que obligamos al Instituto de Cultura a entregarnos.
Todo esta ahí, burda y cínicamente, asignaron contratos a una persona moral controlada por servidores públicos en funciones. Así de torpes, tontos o descarados, usted escoja.
Por cierto, alguien dígale al Alcalde que se esta poniendo paranoico. La denuncia si la presentó el OCM y no “El Licenciado Alvarez” o sea yo, como lo dijo en una entrevista que le hicieron.
Entiendo que yo sea el lobo que le aúlla por las noches, pero de eso a que la denuncia la haya presentado a título particular hay una enorme diferencia.
El OCM, como parte de la sociedad civil, fue creado precisamente con el objeto de vigilar a las autoridades municipales y presentar las denuncias por faltas administrativas correspondientes, si de nuestras investigaciones así se concluye.
Mal se ve el Alcalde atribuyéndome logros que no son solo míos sino de todos los que integramos el OCM. Por lo pronto, la pus ya brotó en el Instituto de Cultura y el OCM seguirá haciendo su trabajo, independientemente del partido que se encuentre en el poder.
