Editorial
Una de las debilidades de los derechos básicos a los que deben tener acceso todos los mexicanos es el de la salud. Sí, hay acceso, pero no suficiente ni con la necesidad que la población debería.
Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, además de los Centros de Salud diseminados por todo el País, se encargan de ofrecer la atención médica a la mayoría de los mexicanos.
Para atender a quienes no eran derechohabientes de esos servicios, se creó el Seguro Popular, un programa que ofrecía atención médica por una cuota que los beneficiarios debían cubrir.
Sin embargo, estos servicios no han sido suficientes para atender la creciente demanda de la población: más derechohabientes, menos espacios, menos personal para atender y poco medicamento para tantas necesidades.
Ahora, el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene planes para replantear el tema de la atención pública en el País: se ha creado y puesto en marcha a partir del 1 de enero el Instituto de Salud para el Bienestar, que busca ofrecer salud a todos los mexicanos que no tienen acceso a este servicio.
El plan del Gobierno es que todos tengan acceso a la atención médica y a las medicinas que requiera para garantizar su salud, sin ningún tipo de restricción. Para acceder a ellos, solo se necesitará una identificación, o el CURP o la credencial del IFE.
Si todo marcha bien, algo habrán ganado los mexicanos al modificarse el esquema de la salud pública del País: atención médica garantizada y medicinas para sus tratamientos.
Sin embargo, aún hay pendientes por resolver en el sistema de salud pública de México: hay más derechohabientes pero clínicas y hospitales más saturadas, más enfermos pero medicinas insuficientes, más proyectos pero poco personal.
Qué bueno que se garantice el acceso a la salud a todos. Ahora, el reto para las autoridades deberá ser el garantizar que esa atención que reciban, sea con la calidad que los mexicanos se merecen.
