Roberto Blancarte
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¿Nos estamos convirtiendo en un Estado confesional? ¿Uno que obedece a una lógica religiosa para decidir sobre las leyes y las políticas públicas?
Hay, desafortunadamente, muchas señales en ese sentido, que van desde las posturas del Presidente López Obrador, hasta las de no pocas Iglesias que quieren aprovecharse de su convicción político-religiosa, pasando por muchos de los miembros de su propio partido, que han dado muestras en repetidas ocasiones de un moralismo conservador, que nada tiene de izquierda.
El caso más reciente lo vimos la semana pasada en el Congreso de Hidalgo, que cuenta con una amplia mayoría de morenistas y que rechazó despenalizar el aborto por 15 votos contra 10. Entre los votos que rechazaron la iniciativa, hubo tres diputados del PAN, dos del PRI, uno independiente y ocho de Morena.
Hace unos meses algo similar sucedió en Sinaloa, a propósito de una iniciativa para aprobar el matrimonio igualitario: los votos de la mayoría de Morena la derrotaron.
Estamos entonces frente a un Presidente de la República y un partido mayoritario que se dicen de izquierda, pero que en la práctica están llevando a cabo políticas públicas características de la derecha más conservadora.
Agregue usted a ese brebaje explosivo la actitud oportunista de algunas Iglesias, particularmente evangélicas, pero no sólo, que quieren aprovechar el esquema político-religioso de López Obrador, para obtener no sólo ventajas corporativas, sino, sobre todo, la imposición de políticas públicas acordes con una moral religiosa conservadora.
El asunto no se resume en una oposición al matrimonio igualitario o al aborto; se traduce en una visión que quisiera regresar a la mujer a su casa, introducir la religión en la escuela pública y, en suma, meter nuevamente a las Iglesias y a sus ministros de culto en las decisiones del más alto nivel político.
El empuje para obtener concesiones de radio y televisión no es más que un ejemplo de la ambición de algunas Iglesias para ocupar el espacio público con una prédica moralista.
Pero mientras todos estamos distraídos con esos intentos, la jerarquía católica anuncia posibles acuerdos con mucha mayor trascendencia.
En efecto, hace poco, el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado católico mexicano (CEM), Carlos Garfias Merlos, dijo que los obispos han propuesto la constitución de un Consejo Nacional para la Paz, así como “desarrollar un proyecto de educación en este mismo sentido” y crear un modelo de atención a víctimas de violencia”.
Así que, en otras palabras, el Gobierno federal actual, por debilidad o por convicción, se ha dedicado en los últimos meses a preparar la mesa para que las Iglesias regresen por la puerta grande al festín del poder y al diseño, desde ese “consejo nacional”, de las directrices religiosas en materia social y política.
Lo peor del caso es que los gobiernos estatales al parecer ya se plegaron a esa política, pues el Obispo en cuestión menciona que ya han recibido 2 millones de pesos por parte del Gobierno de Michoacán.
Así, con el otorgamiento de recursos públicos a una Iglesia, comienza, ante la vista de todos, el establecimiento de un Estado confesional.
