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Va como comentario inicial, el agradecimiento a la bendición, bajo la cual, a la fecha, no hemos sufrido el contagio del C19; felicitaciones a los que se han recuperado del mal y nuestro sincero afecto a los dolientes de los que no lograron salir con vida del marrullero asalto del C19. A seguir cuidándonos y no bajar la guardia, pues esto no se ha acabado y tiene para dar y regalar por lo que resta del año, con la amenaza de continuar durante el 2021.
Parte importante del acortamiento de esta pandemia, descansa en nuestra responsabilidad, atendiendo al pie de la letra las instrucciones restrictivas marcadas por las autoridades sanitarias para la prevención del contagio.
Y por si el desasosiego social por la pandemia no bastara, en medio de trifulcas y actos de vandalismo cometidos bajo la bandera de la protesta social, cerramos el mes patrio, y hoy, es el cuarto día del décimo mes del año, cargado también de conmemoraciones de sucesos fuertes dentro de la historia nacional, como lo fue el llamado descubrimiento de América, el sospechoso accidente donde perdieron la vida Manuel Clouthier y Javier Calvo, y por supuesto, la matanza de Tlatelolco, ordenada desde las entrañas del Poder Ejecutivo teniendo como brazo ejecutor a miembros del Ejército nacional y policías de distintas corporaciones federales y locales. Aparato represivo que estuvo bajo las órdenes del entonces Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, quien así lo reconoció en el informe presidencial correspondiente al ejercicio 1968.
Aquel infausto miércoles 2 de octubre de 1968, vino a marcar un parteaguas en la vida nacional y de alguna manera, la sangre derramada de cientos de personas asesinadas a mansalva sirvió para darle vigencia a muchas garantías individuales plasmadas en el texto supremo, pero que tan solo eran letra muerta, como el caso de la libre manifestación de las ideas y el derecho a organizarse para participar de forma independiente en los asuntos políticos dentro de los diversos planos del sistema gubernamental.
Ciertamente, se le ha dado vigencia a los derechos ciudadanos, pero en muchos aspectos, el cambio no ha logrado madurar, tal y como lo soñaban no pocos de los que perdieron la vida en ese horrendo crimen de estado.
Por otra parte, en este octubre del año 2020 ha quedado inscrito como hecho referencial un hecho que no precisamente abona a la integridad e imparcialidad de la Suprema Corte de Justicia y que vino a reiterar el sometimiento del Poder Judicial ante el Ejecutivo Federal.
En lo personal, no me resulta extraño que el supremo tribunal del país falle en favor de los intereses del Ejecutivo federal. En el ámbito profesional en el que me desarrollo me ha tocado ver sentencias que constitucionalmente enderezaron impuestos que rompían con los principios básicos de legalidad o actos como la entrega de la contabilidad electrónica al Sistema de Administración Tributaria, adecuada a los intereses del recaudador, con lo cual, se invadió la privacidad de los contribuyentes.
Pero en el caso de la declaratoria de constitucionalidad que otorgaron los señores ministros para que se realice una consulta popular que tiene como propósito fundamental, sentar en el banquillo de los acusados a los ex presidentes, partiendo con Carlos Salinas de Gortari, el “fua” del Presidente Andrés Manuel, el fallo fue un queda bien con el Presidente de la República, sustentado en un galimatías jurídico que fácilmente se cae con el soplido de cualquier abogado constitucionalista.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia pasará ahora al terreno del Senado de la República para obtener el visto bueno final y el planchado resultante será remitido al INE para que organice y lleve a cabo la polémica consulta, la cual, al decir, de uno de los consejeros electorales, el costo andará rondando los ocho mil millones de pesos.
Un detalle final. El resultado de la consulta no será vinculante para los administradores de justicia, es decir, no estarán obligados a atender y atenerse a los resultados de esta. ¡Buenos días!
