"Suprema Corte enfría las cuentas públicas"

Quirino Ordaz gana tiempo y Sinaloa leyes

Fue evidente ayer que el Congreso no estaba preparado para recibir un resolutivo de la importancia del que le remitió la Suprema Corte de Justicia de la Nacional para que deje en suspenso la declaratoria final de la cuenta pública del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, correspondiente a 2018. Por no saber qué hacer, o sólo que haya querido conservar la santa paz en que hoy transcurre la jornada legislativa, en la sesión de ayer eliminó el tema de la orden del día y los posicionamientos al respecto.

Es entendible que los diputados no se hayan preparado para llevar a tribuna los argumentos en pro y en contra debido a que apenas dos días antes la Comisión de Fiscalización les notificó que el máximo tribunal ordenó que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta que exista un pronunciamiento del fondo del litigio. Siendo comprensibles, la inédita circunstancia los atrapó con los dedos en la puerta.

De hecho la decisión de la Corte llegó puntual al órgano parlamentario ya que estaba programado que ayer se subiera al Pleno la discusión de la declaratoria de conclusión de la cuenta pública estatal del año fiscal 2018, punto que en caso de haberse desahogado habría regresado al alegato donde la bancada del Movimiento Regeneración Nacional insistiera en rechazar el balance administrativo-contable del segundo año del mandato de Ordaz Coppel.

El 30 de julio, al someterse a votación el dictamen que le reprobada al Gobernador los informes individuales de fiscalización de esa cuenta pública, el grupo parlamentario de Morena no pudo sacar adelante la mayoría y la votación fue de 20 votos en contra y 19 a favor. Antes, al someterse a consideración el Informe general ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior hubo aprobación con 22 votos por el sí y 17 por el no.

Desde entonces se abrió la discusión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo respecto a si el Congreso, específicamente la mayoría de Morena, se excedía en atribuciones para auditar al Gobernador suplantando funciones que le corresponden a la Auditoría Superior del Estado. Fue entonces que Quirino Ordaz optó por la vía jurídica.

En realidad están corriendo juntos dos recursos de controversia constitucional. La primera, interpuesta por el Congreso del Estado ante la Suprema Corte por las observaciones que el Ejecutivo hizo a los decretos de cuentas públicas del ejercicio fiscal de 2017, y otra promovida por el Gobierno del Estado por la determinación que la Cámara les concedió a los informes de la ASE sobre la cuenta pública de 2018.

Al obtener el Ejecutivo Estatal este resultado de la controversia constitucional que interpuso contra la decisión de la 63 Legislatura, abre un lapso en cuanto a las atribuciones de la Cámara para asumir funciones que por ley le corresponden a la Auditoría Superior del Estado, sin embargo, lo que gana es el tiempo que le otorga la medida cautelar para reforzar sus alegatos. Es un triunfo, sí, pero por lo pronto de corta durabilidad.

Lo del Congreso, donde se pone el tema en stand by, también le echa a perder planes a la bancada morenista al menos en cuanto a los plazos en los que necesita meter bajo la lupa el manejo de las finanzas públicas estatales. Para fines electorales tendría que hacerlo ya, como estaba previsto efectuarlo ayer, porque a mediados de diciembre será publicada la convocatoria para elegir Gobernador y a partir de esa fecha se politizará todo lo que se diga o haga para rechazarle a Ordaz Coppel las cuentas públicas.

Eso fue lo que cayó como agua fría sobre el Congreso, más que nada en el ala morenista. Resultó algo así como ir a un examen sin haberse preparado y ahora dependerá de que la SCJN emita la resolución definitiva para que el tema vuelva a llevarse a la tribuna parlamentaria, antes de que los pódiums electorales hagan tanto ruido que la sociedad esté imposibilitada a escuchar lo que se dirima en el proceso legislativo.

Y por unanimidad las bancadas votaron ayer para retirar del orden del día la declaratoria de conclusión sobre el informe final de la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2018 y guardaron los posicionamientos que tanto los diputados como los grupos parlamentarios habían preparado para la ocasión. Al menos, y algo es algo, continuó la paz camaral que ha reinado desde que empezó este primer período del tercer año de ejercicio de la 63 Legislatura.

Uf. Por poquito y volvía a arder Troya en el recinto legislativo. A lo mejor Sinaloa es el que sale ganando por la intervención de la Suprema Corte ya que el Congreso lleva 30 días trabajando a todo pulmón para sacar leyes de suma importancia como la Ley de Archivos y la Ley de Educación, productos de asambleístas que ha rendido mucho más que sus antecesores.

Reverso

Y la Corte de repente,

Lo bañó con agua helada,

Para pegarle su templada,

A un Congreso caliente.

Hasta el último cheque

A propósito de las elecciones locales del próximo 6 de junio, el calendario aprobado por el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa les da hasta el 7 de marzo a los servidores públicos para renunciar a sus cargos, ya sea que aspiren a participar en los comicios o quieran reelegirse. Es decir, hasta podrán hacer precampañas disfrutando del cheque o, como ya lo hacen, utilizar como plataforma proselitista las dependencias en que se desempeñan. Más cómodo, imposible.