"¿Se va a hacer o no se va a hacer?"

Ahora sí aplica la del meme: ¿se va a hacer o no se va a hacer?, y no precisamente la carne asada, sino los castigos contra los torturadores.
Ayer, la Corte se pronunció por el caso de Yecenia Armenta Graciano, la mujer que fue torturada por policías ministeriales del grupo Águila Uno, para que se declarara culpable del asesinato de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, quien era su esposo.
Yecenia pasó dos años en prisión, hasta que un juez decidió que no era culpable, porque la única prueba era esa declaración que se consiguió con tortura.
Ya antes se le dijo a la entonces Procuraduría General de Justicia que investigara a los torturadores, pero la respuesta ya nos la sabemos: no pasó nadita de nada.
Un dato interesante es que el primero en pedir castigo contra los torturadores fue Juan José Ríos Estavillo, cuando era el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que ahora, por cierto, es Fiscal General del Estado.
Eso quiere decir que el encargado de investigar y sancionar a los torturadores de Armenta Graciano es justamente Ríos Estavillo.
Entonces, señor Fiscal, ¿se va a hacer o no se va a hacer?

Con atole en las venas
Algo pasa en el ADN sinaloense que la sangre se nos está convirtiendo en atole.
Un caso que debería sacarnos a las calles es el de la pequeña Dayana.
Ayer se cumplieron seis meses de su desaparición y familiares, amigos y activistas de derechos humanos salieron a pegar carteles para exigir justicia por la pequeña.
A los familiares, en lugar de respuesta, la Fiscalía sólo les ha mostrado unos huesos, de los que ellos, como es normal, dudan que dichos restos sean de la pequeña.
Ayer fueron entregados sendos oficios a la Fiscalía y al Gobernador del Estado para exhibir el “fracaso” en el que han derivado las investigaciones del caso.
A seis meses de que Dayana Esmeralda Fierro Zazueta fue privada de su libertad, la Fiscalía General del Estado fracasó en su objetivo de encontrarla con vida y regresarla a su familia, exhibió Óscar Loza Ochoa.
En el escrito entregado y avalado por miembros del Observatorio Ciudadano, en el caso Dayana se expone que la Fiscalía no hizo el esfuerzo suficiente en la demanda familiar y social para encontrar con vida a la menor.
Y hay que decirlo, Loza fue contundente, ya que dijo que después de medio año, una llamada anónima fue la que alertó sobre el hallazgo de un cráneo infantil.
“La localización de esa pieza humana no fue resultado del trabajo de investigación, sino de factores fortuitos, lo que deja un mal sabor de boca al pensar en lo que se dejó de hacer durante los meses transcurridos”, dijo.
En ese doloroso trance están muchos sinaloenses, que cuando les desaparecen a uno de sus familiares, sólo esperan que les entreguen sus restos: cráneos, huesos dispersos, dentaduras, ropas raídas y con toda la incertidumbre de que sean de sus seres queridos los restos encontrados.
El caso de Dayana debería indignarnos de sobremanera, porque no sólo se trata de una pequeña asesinada, sino además por las grandes fallas en la investigación.

¿Pagar por seguridad?
La Ley de Seguridad Interior “se aplicó” en Sinaloa antes de que fuera letra en una iniciativa que pretende liberar de toda culpa a las fuerzas armadas, en caso de que la población civil “sea una baja colateral” del combate militar al narcotráfico y al crimen organizado.
Sí, así es. La propuesta que está en el Poder Legislativo compromete a las entidades a pagar por la seguridad que brinda ya la tropa en el estado.
Nos explicamos: el Hospital Militar Regional de Alta Especialidad, ubicado en el Fraccionamiento Rincón de Urías en Mazatlán, fue un pago por adelantado, aunque se disfrazó como una donación al Ejército a cambio de tropa para Sinaloa.
Ese dinero invertido, casi 500 millones de pesos que jamás se aterrizaron, se suma ahora a la construcción de una base en El Sauz, en Culiacán, que absorberá el Gobierno estatal para el beneplácito de 3 mil 500 soldados y sus familias.
Desde la Operación Cóndor, Sinaloa no había tenido tanta presencia militar en las calles, incluso ni la administración del ex Presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga.
Antes era sólo el Ejército, pero ahora la Marina tiene una participación importante en los operativos, al grado de lo que objetivos prioritarios han sido eliminados o arrestados por esta rama armada.
Por eso Sinaloa se convirtió en el observatorio de la Ley de Seguridad Interior.
Las alertas son muchas, así es que debe tenerse mucho cuidado en las cámaras para ver qué se aprueba con relación a esta disposición legal, porque la iniciativa lo único que dará es un respaldo jurídico y legal para lo que ya hacen las fuerzas armadas en las calles, y los que pierden son los ciudadanos, su libertad, su derecho a manifestarse, incluso, hasta la vida.