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Lo más natural en una democracia es que la sociedad exprese libremente sus ideas y fije postura sobre temas de interés público. La libertad de expresión es un derecho humano y es elemento fundamental de la democracia. Los actores sociales que conforman la sociedad suelen expresarse a partir de las actividades que desempeñan, los recursos que disponen para ello y el poder que ostentan. Pensemos cómo lo haría un ciudadano común, un colegio de profesionistas, una organización campesina o sindical, una empresa de comunicación, la iglesia, un partido político o el propio gobierno. Cada uno de estos actores sociales lo hace de acuerdo a sus posibilidades, circunstancias e intereses.
Las y los ciudadanos integrantes del Frente Nacional Anti AMLO, que se manifestaron hace un par de días en caravanas vehiculares y que de acuerdo al periódico Reforma, lograron hacerlo en al menos cuarenta ciudades del país para exigir la renuncia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuentan con importantes recursos para hacerlo. Así lo declaran ellos mismos en su página oficial, al asegurar que no reciben patrocinios. En el mismo sitio puede leerse que el Frente está conformado por sesenta y siete miembros, entre los cuales destacan los empresarios Luis Martín Bringas, hasta hace unos días, integrante del Consejo de Administración de Soriana, y el peculiar Gilberto Lozano, ex consejero del grupo FEMSA. Y aunque se autodenominan apartidistas, al mismo tiempo reconocen que en sus filas existen militantes de partidos políticos, activistas en contra del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo, así como empresarios de medios de comunicación inconformes con las políticas del Presidente López Obrador.
Para Jorge Zepeda Patterson, los adversarios de AMLO pueden clasificarse por lo menos en once categorías. A saber: los vergonzantes, los golpeados, los anonadados, los desengañados, los reactivos, los despistados, los fatigados, los de clóset, los cruzados, los pragmáticos, que el periodista define como los más poderosos, carentes de odio personal y que sólo luchan despiadadamente por el poder económico, así como los enemigos profesionales, rivales eminentemente políticos, derrotados electoralmente y desplazados de los cargos públicos, que no duermen “pensando maneras de descarrilar al tren morenista”.
Justamente en eso coincide el sacerdote jesuita David Fernández Dávalos, Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, que desde el 2019 ha reprobado las acciones de la élite empresarial mexicana porque claramente se oponen a “las decisiones que tienen que ver con los proyectos de la Presidencia y que afectan los intereses de los grandes capitales. Protestan por el fin de la condonación fiscal; por la lucha contra la corrupción, que fue la que hizo despegar a los grandes capitales de hoy; protestan por la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, porque había un negocio multimillonario alrededor; por el tema de la Refinería de Dos Bocas, porque sustituye importaciones que también son manejadas por estos grupos; por el control de las compras gubernamentales, porque también han sido desplazados”.
Desde luego que la libertad de expresión y la protesta pacífica son derechos democráticos que ejercieron quienes se manifestaron en la caravana vehicular del pasado 30 de mayo. Sin embargo, el contenido de sus exigencias es autoritario. Pretender sustituir al Presidente por medios ajenos a las urnas y por intereses personalísimos, es contrario a la democracia.
En ese sentido, el juego democrático supone que la oposición, por radical que sea, debe organizarse y competir electoralmente. Ganar a la buena. De lo contrario, la oposición no dejará de ser etiquetada de ruidosa, polarizante, clasista y golpista.