El Gobierno de Sinaloa ha anunciado ya un programa de reactivación económica, lo que falta es que asuma un compromiso anticorrupción para que la sociedad pueda saber el origen y el destino de los recursos disponibles.
El micrositio covid.sinaloa.gob.mx, habilitado para la transparencia de las acciones y planes vinculados a la emergencia Covid, divulga información sobre los financiamientos destinados a proveer de capital de trabajo a las micros, pequeñas y medianas empresas, pero hasta el momento y de cara al proceso electoral 2021, los grandes ausentes son la transparencia y rendición de cuentas.
No se sabe el monto total disponible para ese programa, tampoco el origen y destino de los créditos que hasta hoy se han otorgado. Tampoco es posible saber qué obligaciones contrajo el Gobierno estatal con las instituciones financieras, incluso aquellos compromisos que pueden trascender a la actual administración.
La apertura de una página de Internet especializada en Covid es un primer paso que ha dado el Poder Ejecutivo para transparentar su actuación, frente a una emergencia que aumenta las oportunidades de corrupción durante los procesos anunciados para mitigar sus efectos sociales y económicos.
En un reporte publicado el 28 de mayo, el mecanismo de seguimiento nacional #SusanaVigilancia de Transparencia Mexicana y Tojil, informan que el Gobierno de Sinaloa ya publica en su sitio web oficial el presupuesto asignado a atender la emergencia por Covid y sus efectos económicos: son 17 millones 500 mil pesos, sin embargo, no aclara cuánto de eso es para la recuperación económica.
Así como los programas crediticios deben ir acompañados de un compromiso anticorrupción, la deuda pública y cualquier instrumento adquirido para financiar la recuperación económica deben ser transparentes.
Aunque hasta ahora el Gobierno de Sinaloa no ha adquirido deuda, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) ya le propuso que de manera urgente se inviertan 250 millones de pesos de un fondo para créditos en dos bolsas, para sumar mil 420 millones de pesos.
Específicamente, la propuesta denominada Acuerdo por Sinaloa que ha sido firmada por 36 cámaras empresariales, recomienda adquirir un fondo para créditos blandos a empresas micros, pequeñas y medianas (con menos de 200 empleados), a través de Red Fosin y del Programa Impulso, con Nafin, con mecanismos ágiles, transparentes y robustos que faciliten la recuperación del crédito.
De acuerdo a Codesin, la contracción de la actividad económica de Sinaloa será del 6 por ciento, y el sector turístico, restaurantes y comercios registrarán pérdidas de entre el 20 y 30 por ciento, equivalentes a una reducción de ventas por un monto aproximado de 16 mil 873 millones de pesos.
El cierre masivo de empresas requiere de un plan gubernamental que dé certeza al sector productivo y social, sí. Pero hacerlo sin transparencia y rendición de cuentas puede provocar mayores pérdidas a la larga, porque los espacios de opacidad y discrecionalidad incentivan la corrupción.
Los acuerdos con las entidades financieras con las que contraiga obligaciones el Gobierno del Estado deben establecerse con total transparencia y claridad, así también las reglas de operación para el acceso a los apoyos.
La etapa de reactivación económica está avanzando en la entidad. Solo es necesario que paralelamente se garantice el derecho de acceso a la información que puede ayudar a que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. Ahí la participación de la sociedad como observadora es muy útil.
Y para que Sinaloa cuente una mejor historia durante la emergencia sanitaria y en el marco de los compromisos asumidos desde el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, es necesaria la congruencia del sector empresarial, pieza clave de la sociedad civil que sostiene este esfuerzo llamado “Acciones para controlar la corrupción”.
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