"¿Qué trae AMLO para pacificar Sinaloa? Cultivar la paz en los terrenos del narco"
alexsicairos@hotmail.com
Qué bien que el Presidente Andrés Manuel López Obrador venga a Sinaloa a revisar el tema de la seguridad pública y definir políticas de Estado que fortalezcan la pacificación y generen oportunidades de cambio de mentalidad y rectificación productiva en sectores de alta marginación cuya única posibilidad de salir adelante es la que ofrece la delincuencia organizada. Podría significar el comienzo de la mil veces aplazada estrategia de represión al crimen sin tregua ni cuartel pero abatiendo los cinturones de miseria que expulsan huestes serviles al narcotráfico.
Anunciada para el miércoles 5 de agosto, la reunión en Culiacán del Gabinete de Seguridad es continuidad de la nueva compostura presidencial que transita del “abrazo, no balazos” al uso de la estructura militar-policiaca para contener el reto sangriento que presentan los cárteles del narcotráfico a lo largo y ancho del territorio nacional. Si en algo cayó en cuenta López Obrador es que la guerra entre células de la delincuencia quemó en sus reyertas la bandera blanca de la paz.
El Presidente ya fue a Jalisco y Guanajuato a atender personalmente los choques entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima, que siembran el terror y se apoderan del espacio público; al venir a Sinaloa trae la marca reciente del desafío que le hizo una fracción del narco local el 17 de octubre de 2019, que terminó con la orden que dio López Obrador para que fuera liberado Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Después del “culiacanazo” el Cártel de Sinaloa había asumido un bajo perfil para no atraer la atención de las fuerzas federales y fue hasta mayo y junio de 2020 cuando rompió la efímera tregua con los hechos violentos de la sindicatura de Tepuche, municipio de Culiacán, que enfrentó a los liderazgos tradicional y emergente del status quo de la narcoestructura local. Fuera de esos dos hechos de alto impacto, la pax narca parecía concretarse.
De no ser por actos de violencia que hacen que la población retome el terror y el sentimiento de desprotección que cíclicamente saltan en la “normalidad” sinaloense, tal vez López Obrador hasta tendría a este estado como modelo a seguir en materia de seguridad pública. Los homicidios dolosos cuya alta incidencia en México, más de 50 mil en lo que AMLO lleva en el cargo, son los que preocupan al Gobierno Federal y dígase lo que se diga aquí registran un comportamiento a la baja.
Ahí están los resultados que de pronto se nulifican por sucesos de violencia que truncan los procesos de paz. Desde 2017, el primer año del gobierno de Quirino Ordaz, la incidencia de homicidios dolosos se contrajo con 1,565 casos contra 1,906 que se registraron en 2011, el inicio del sexenio de Mario López Valdez. Y Así se redujeron a 1,123 en 2018, a 936 en 2019 y en la primera mitad de 2020 suman 327 lo cual anuncia la continuidad de la línea ascendente si es que el segundo semestre prosigue en los mismos términos.
Sin embargo, aparte de que el número de víctimas sigue siendo preocupante (así fuera una sola vida sacrificada no da para echar a vuelo las campanas) persiste el miedo de que los segmentos del narco decidan arreglar sus rencillas o se indisciplinen ante el mando emblemático y rieguen de sangre el suelo sinaloense. El 17 de octubre fue el año pasado, y la narcoguerra de Tepuche en el actual, la evidencia de que la barbarie ahí está, lista a que la detone la irracionalidad de cualquiera de los capos o esbirro de éstos.
Tal comportamiento imprevisible y pendular del narco requiere que los gobiernos federal y estatal vayan más allá de las tácticas policiacas y militares que han fracasado durante gobiernos o décadas, según se midan, y exigen virar los sistemas de pacificación hacia la atención de las causas que originan la conversión de gente legítimamente productiva a miembros del sicariato de la alta delincuencia, esa alteración de roles que más que devenir de una aptitud por lo ilícito deriva de la desesperación por salir de la inopia.
Las comunidades rurales, de las que se desprenden en su mayoría los pistoleros de los cárteles de las drogas, continúan en el abandono y los programas gubernamentales nunca van más allá de alguna migaja de apoyo que en el influjo del discurso se presenta como solución a atrasos ancestrales. En los últimos días se ha presentado, por ejemplo, la orfandad de gobierno y ley en que están los indígenas tarámaris en los linderos de Sinaloa con el llamado triángulo dorado del narcotráfico.
A esos intersticios de olvido les urge el empeño y la visión de futuro del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Quirino Ordaz Coppel. Son los puntos ciegos de la función pública porque las posibilidades de desarrollo y modernidad las acaparan las ciudades y, si bien les va, a los poblados marginados se les relega en el aciago destino de fabricar gatilleros a fuerza de desesperanza y pérdida de futuros legítimamente atrayentes.
Ojalá que el Presidente López Obrador traiga el miércoles una respuesta integral en el tema de la seguridad pública. Sí, es importante mayor fuerza castrense y policiaca, la militarización del combate al crimen organizado, contar a los muertos aunque sea para minimizarlos en las moralejas que contienen, pero la gran intervención social, económica y política es lo que está pidiendo a gritos la parte de Sinaloa que desea revertir el porvenir infausto al que inexorablemente se le condena.
Reverso
De todas las veces que vino,
Ésta puede ser la decisiva,
Para esbozar buen destino,
En donde el desánimo priva.
Salvados por la mazorca
Con una jugada de doble éxito, la bancada del PRI juntó los votos suficientes de diputados de otros partidos para evitar que la elástica mayoría de los legisladores de Morena en el Congreso rechazara las cuentas públicas de dependencias del Ejecutivo Estatal. Maíz mata aplanadora, sería la posdata de la sesión de ayer.
