Rafael Morgan Ríos
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Los comentarios y reclamos sobre lo que faltó y lo que sobró en el artículo anterior, fueron muy ilustrativos y bienvenidos. El tema, desde luego da para varios artículos más, como se ha visto en las decenas de columnas, noticias y opiniones publicadas hasta el momento sobre el “caso Culiacán”.
Como prueba de la profundidad e importancia que tiene el problema de la violencia en México, considérese el estudio patrocinado por la Unión Europea llamado “Índice Sobre Delincuencia Organizada en África”, publicado en El Universal, en el cual “se comparan los daños causados por el crimen organizado en el continente más pobre del planeta…” al analizarse el tema con otros países, se informa que México está en primer lugar, sobre cualquier país de América y de África, con un 8.25 en un máximo de 10. En el comercio de drogas sintéticas México obtiene un 10, en el de cocaína un 9.5 y en el de contrabando de personas alcanza un 9, dentro de un total de 10 actividades ilícitas.
En cuanto a los efectos del crimen organizado estamos peor que el peor país africano, que es Nigeria. De este tamaño es el problema para el actual Gobierno que, aunque heredado, ya es su problema, por eso el Presidente quiso ser Presidente, para arreglar la violencia, la economía, el desempleo, la salud, etc., de todos los mexicanos. En la supuesta política pública de “abrazos no balazos”, en Culiacán se pusieron en evidencia tres deficiencias de cualquier estrategia, esto es: a) falta de previsión; b) falta de un sistema de inteligencia y c) falta de coordinación. Por ejemplo, ante la acusación de no contar con una orden de aprehensión, anteriormente se aplicaba la acción de tener MPs en los actos de aprehensión para facilitar el llevar a juicio la detención, esto no se hizo. La operación se ejecutó como una más, sin prever la reacción de detener a los hijos del capo número 1.
En cuanto a la falta de un sistema de inteligencia, no se sabía cuál era la fuerza de la delincuencia, no se sabía la capacidad y la rapidez de reacción y no se sabía que ellos sí tenían un plan para actuar: bloquearon calles y caminos; liberaron más de 50 presos como refuerzo y como distracción; tomaron como rehenes a las familias de militares y, lo más importante, lograron un enfrentamiento limitado y controlado que les permitió negociar desde una posición de fuerza.
Las fuerzas del Gobierno se presentaron con una total falta de coordinación: la Marina no fue tomada en cuenta; no se coordinó el operativo con la Fiscalía General de la República; no hubo coordinación con las policías locales y no hubo la necesaria coordinación con las altas autoridades federales. Como dice Jorge Suárez-Velez en Reforma, fueron por uno o dos narcos y liberaron a 55 del Penal.
El Gobierno tiene que reconocer el problema de las armas en manos de los delincuentes y la facilidad que existe para seguirse armando. No sólo que Estados Unidos alegremente venda y promueva la venta y exportación de armas por la frontera norte, sino que además se pueden cruzar por el sur y se pueden comprar a terroristas o a alguno de los países de Europa Oriental, pues la delincuencia organizada es muy versátil en lo que le conviene.
El Gobierno tiene que reconocer el poder de la delincuencia para infiltrarse no sólo en las esferas empresariales sino en la administración pública y hasta en las fuerzas federales y locales.
El Gobierno tiene que reconocer la enorme capacidad de financiamiento de sus operaciones y su capacidad de pago a sus sicarios, contactos, transportistas, punteros y sus infiltrados.
El Gobierno tiene que reconocer el cambio en el negocio de las drogas; ya no es la siembra de la mariguana o de la amapola, ahora se le facilita tener laboratorios de anfetaminas o de fentanilo, que valen mucho más y se venden mejor.
El Gobierno tiene que reconocer que la delincuencia sí está bien organizada, pertrechada y financiada, razón por la cual urge contar con un plan integral por tierra, mar y aire (y ahora también por éter o “nube”). No se puede dejar a la Marina al margen; en cuanto a la lucha aérea, para darse cuenta de las deficiencias, en Reforma según Héctor Dávila, especializado en aviación, “México no cuenta con satélites de vigilancia y observación, sus sistemas de radar sólo cubren 32 por ciento del territorio; desde 2013 desapareció la Dirección de Intercepción de la PGR y hoy sólo se tiene un avión con radar y la presente administración recortó casi mil 500 millones de pesos a la Fuerza Aérea Mexicana. La guerra contra el narco, en el aire, también se está perdiendo”.
