"Planta de amoniaco no, insiste AMLO. ¿Decisión política, ecológica o judicial?"

Ha resistido mucho la empresa suiza-alemana Gas y Petroquímica de Occidente en la defensa del proyecto para construir en Topolobampo la planta productora de amoniaco con la inversión de inicial de mil millones de dólares, a pesar de que el tema pasó de los ecológico a lo judicial y ahora se dirime en el ámbito político. Cualquier otro inversionista extranjero ya se hubiera ido con sus capitales a otro lado, asustado por los obstáculos encontrados.

Ha hecho hasta lo imposible por resistir. Recientemente finiquitó o escondió el contrato de asesoría que le brindaba Francisco Labastida Ochoa, ex Secretario federal de Energía e Industria Paraestatal, para restarles argumentos a los que sostienen que la fábrica de amoniaco tiene cimientos de corrupción alentados por los ex gobernadores Labastida y Mario López Valdez.
Mientras en los tribunales el caso parece perdido para el grupo GPO, en Palacio Nacional se pospone la definición de si va o no la planta de fertilizantes de Topolobampo. A altos funcionarios el Presidente Andrés Manuel López Obrador les dice que negará el aval precisamente porque hubo tráficos de influencias para instalarla en la reserva ecológica de Ohuira que está protegida por reglas ambientalistas internacionales.
En diciembre de 2019 los inversionistas recibieron otro revés judicial cuando solicitaron que se apartara del caso al Juez Sexto de Distrito, Óscar Alejandro Zúñiga Vidales, acusándolo de ser imparcial, a lo cual se negó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito. Además, el 13 de enero la empresa fue multada con 30 mil pesos al ser declarada con estrategia legal para dilatar y entorpecer el juicio.
Es decir, tantas actuaciones judiciales desfavorables, la movilización de importantes grupos de activistas agrupados en el movimiento “Aquí no” y la intervención de funcionarios del Gobierno del Estado que defienden la instalación de la planta de amoniaco por el impacto económico que tendrá en la región norte de Sinaloa, se licúan aparte de la decisión que le corresponde tomar, a ver cuándo, a López Obrador. El fallo inapelable estará a cargo del Mandatario mexicano y pobre de aquel que lo contravenga.
Lo extraño es que el Presidente permitió que el proyecto de 20 mil millones de pesos para Toplobampo se incluyera en aquel Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, de 859 mil millones de pesos, que el magnate Carlos Salim improvisó en noviembre de 2019 cuando el crecimiento económico amenazaba con transitar del estancamiento a la recesión. En ese programa de rescate el capital extranjero a inyectarle a la planta de amoniaco era prácticamente todo de los 25 mil millones de pesos que le correspondían a Sinaloa.
Aunque la realidad lastime a los grupos ecologistas, AMLO no está deteniendo el sí o no a la planta de amoniaco por cuestiones que dañan el medio ambiente; tampoco lo hace por ajustarse a las determinaciones del Poder Judicial que en su mayoría son a favor de los ahomenses, entre estos la Nación Yoreme-Mayo, que se oponen a que se dañe el humedal de Ohuira con clasificación Ramsar. Lo que se ve venir es la decisión política por el tufo a corrupción que el Presidente le encuentra a la participación de Labastida y Malova en la fase de planeación del proyecto.
Esa es la razón por la cual GPO ha retirado u ocultado el servicio de asesoría prestado por el despacho de Labastida Ochoa. Aparte de la táctica de borrar tratos con FLO y sostener que la única injerencia coyuntural de Malova es la de haber sido Gobernador cuando se gestó la fábrica de amoniaco, la empresa no tiene ya otro alegato para lograr que se le autorice la construcción y operación de la planta.
El Gobernador Quirino Ordaz Coppel quiere que la inversión se realice. También lo quieren así el Secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga Mercado, el Senador Mario Zamora Gastélum y el Alcalde de Ahome Manuel Guillermo Chapman. ¿Quién no querría en su estado o municipio la fábrica que producirá 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoniaco anhidro, que abaratará 40 por ciento el costo del fertilizante en el mercado nacional, que será la más grande de América Latina con inversión final proyectada a 5 mil millones de dólares y que generará 2 mil empleos durante la etapa de construcción y 250 de manera permanente?
Estamos ante un reto colosal de resistencia. Los grupos ecologistas han superado toda expectativa de tenacidad y no han sucumbido ante la tentación de vender el movimiento; la empresa GPO sigue en Sinaloa confiada en se quedará al final de esta historia. La mayor incógnita es si todo esto se resolverá con criterios ecológicos, judiciales o políticos. Y si alguien tuviera que apostarle hoy, con la tercera opción seguro ganaría.

Reverso
Para cuidar lo paradisiaco,
A Ohuira no le vendría mal,
Promocionar que el amoniaco,
Aquí es la fragancia oficial.

Nomás por preguntar
A propósito de inversión privada, ésta se sigue concentrando en el norte y sur del estado y en Culiacán no se conoce desde noviembre de 2018 proyecto de gran calado que se desarrolle con capital nacional o extranjero. ¿Qué tanto tiene que ver con que el actual Alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, desde que asumió el cargo se negó a otorgar los incentivos vía Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (ceprofies)? O ya siendo de plano quisquillosos ¿consiguió atraer la atención de algún inversionista europeo en su reciente viaje a Madrid para asistir a la Feria Internacional de Turismo?

alexsicairos@hotmail.com