"Planta de amoniaco: AMLO debe decidir. Inversión privada, en la ruleta del sí y no"
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Cuando el multimillonario Carlos Slim la incluyó en noviembre de 2019 en el Plan Nacional de Inversión en Infraestructura, fue el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador el que palomeó la planta de fertilizantes que el grupo Gas y Petroquímica de Occidente trata de concretar desde hace siete años Topolobampo, sin embargo, la decisión de ponerle fin al diferendo político, social y económico tiende a complicarse, inclusive la eventualidad de resolverlo mediante una consulta pública.
Cuando aprobó la inclusión de la fábrica de amoniaco en aquella estrategia de rescate económico, López Obrador no le puso peros. Ya sabía, porque en su visita a Los Mochis del 9 de junio de 2019 encaró a los manifestantes agrupados en “¡Aquí no!”, del conflicto en ciernes y les prometió a los inconformes revisar el caso.
Cinco meses después, al incluirla en aquel ambicioso plan fraguado por Slim se le presentó la correspondiente tarjeta informativa: se trataba de la empresa Proman, de capital suizo-alemán, la principal productora del fertilizante en el mundo, que en alianza con inversionistas locales desarrollaría un complejo petroquímico al que le inyectará en total 5 mil millones de dólares. El Mandatario federal asintió y eso se interpretó como luz verde a la planta.
Por esa razón, cuando el dueño del grupo Carso salió de la reunión en la cual López Obrador anunció el Plan Nacional de Inversión en Infraestructura declaró que estaba muy contento porque el Presidente aprobó todos los proyectos presentados por el empresariado mexicano. Esa señal de aprobación se les transmitió a GPO cuyo capital estaba listo para aplicarse. Parecía que al fin la fábrica de amoniaco llegaba a la fecha culminante que se esperó desde 2013 cuando fue anunciada la gran obra.
Pero no. En su visita a Culiacán del 5 de agosto AMLO definió que la construcción de la planta de amoniaco sólo continuará si es aprobada a través de la consulta ciudadana, “que la gente sea la que decida”, dijo abdicando al poder que la ciudadanía puso en sus manos para que decida como jefe de las instituciones nacionales los asuntos que son de interés público. Es esa legitimidad constitucional para representar a los mexicanos la que lo obliga a tomar él la determinación.
Es razonable la postura que el presidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa toma, planteando que las autoridades del ámbito federal diriman el conflicto que detiene la continuación de la planta de amoniaco. Y la vía correcta es la que Lauro Meléndrez propone porque aquello que no se finque en el estado de derecho va predestinado a la inseguridad total, que es lo mismo que un paso antes del abismo de la incertidumbre, o jugarse el todo por el todo en la ruleta de las irresoluciones.
Todavía no se entiende la respuesta apresurada de GPO al comprometerse a acatar el resolutivo de la consulta, contestación que colocó en pose defensiva a los que objetan el proyecto pues creyeron que el fallo a favor ya está negociado. No únicamente los inversionistas ofrecieron obediencia a la aventura en que los metía López Obrador; abrían sobre todo un falso umbral para que de aquí en adelante cualquier capital privado que quiera llegar a Sinaloa pase por el tramposo cedazo de la consulta pública.
En caso de abrírsele la puerta al referéndum como mecanismo para que la población sinaloense decida qué proyectos de desarrollo quiere y cuáles rechaza ya no se podrá cerrar ese enorme zaguán por el que no querrá pasar la inversión nacional y extranjera que tiene bastantes ofertas para quedarse en otros puntos del País. La Cuarta Transformación ha extraviado la fórmula para atraer dinero del sector privado pues en vez de alicientes ofrece obstáculos como eliminación de Ceprofies y trabucos políticos.
Lauro Meléndrez ha sido más claro que los directamente interesados en hacer realidad la planta de amoniaco. Ni los inversionistas ni la Secretaría de Desarrollo Económico se han animado a decirle al Presidente que está equivocado. Que si este proyecto se condiciona a que la gente lo apruebe, entonces habrá que consultarlo todo, inclusive si se aprueba la zafra de camarón o se declara a este producto en veda permanente, si los agricultores merecen los precios que piden para sus cosechas y si Mazatlán se cierra para los fuereños y se deja para el disfrute exclusivo de los sinaloenses.
En caso de que el eje de los alegatos fuese la supuesta corrupción en que el Gobierno estatal anterior fraguó la llegada a Sinaloa de Proman, entonces consúltese a la gente si se somete a investigación, y a prisión si se demuestran responsabilidades, a los que echaron a perder capitales, empleos, oportunidades y atrofiaron la imagen de Sinaloa como lugar seguro para el establecimiento de grandes empresas extranjeras.
Reverso
El amoniaco y sus hedores,
No deja de sacarles sustos,
A quienes creen que los justos,
la pagarán por los pecadores.
Sanitizar el pingüinario
Está en manos del Poder Judicial de Sinaloa la posibilidad de sentar un precedente para los servidores públicos que siguen creyendo que afectar las finanzas públicas es sinónimo de impunidad. Tres ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que laboraron durante el sexenio de Mario López Valdez, irán a audiencia intermedia hoy acusados de la presunta asignación de contratos de manera irregular para la construcción del tiburonario del Acuario de Mazatlán que tronó a los días de ser inaugurado. ¿Se limpiará de corrupción la casa que habitarán los pingüinos?
