"Persiste la prepotencia policíaca y militar. Abusos que reanudan atropellos de ayer"

alexsicairos@hotmail.com

Hacía tiempo que en Sinaloa no se tenía evidencia incuestionable de policías haciendo uso del viejo modo de prepotencia sustentada en la charola y el arma de cargo, aquel que en las dos últimas décadas del Siglo 20 atropellaba con la protección e impunidad facilitada por los jefes. A quienes pensaban que la arbitrariedad fincada en tareas de seguridad pública era cosa del pasado debió provocarles algún bucle emocional las imágenes del agente investigador golpeando a un chofer del transporte urbano de Culiacán.

Tampoco se disponía de nuevas pruebas fehacientes respecto al criterio que los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional utilizaron en las grandes operaciones contra el narcotráfico, al fusilar a los detenidos creyendo que así le cortaban de tajo la raíz al flagelo de las drogas. No hasta que fueron videograbados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, los militares dándole el tiro de gracia al civil que sobrevivió de una balacera.

Los dos casos avisan del peligro de regresión en las acciones que el gobierno emprende para combatir a la delincuencia y alertan a las autoridades competentes para que frenen con la estricta aplicación de la ley cualquier probabilidad de reimplantar métodos bárbaros, como los que utilizó en los ochenta el entonces jefe de la Policía de Culiacán, Zeferino Ojeda, con su lógica de “fusílenlos, luego averiguan”, o la Operación Cóndor que en los setenta no distinguió entre narcos y pacíficos.

Con todo y lo filtros de control de confianza y la fe a ciegas que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le otorga al Ejército Mexicano, la tentación por crecerse más allá de lo que les marca la ley prosigue intacta en algunos segmentos policiacos y militares. Por obra de la casualidad, las pruebas de los videos sacan del error a aquellos que juran que la vocación y la lealtad de quienes nos cuidan es a prueba de todo.

Reiteran que sí hay razones para seguir con miedo. El insistente tic del supuesto integrante de la Policía Investigadora de Sinaloa, que acerca las manos una y otra vez a la cacha de la pistola fajada en la cintura, da cuenta de la propensión a utilizar el arma de cargo para arreglar asuntos personales, y le abre lugar a la pregunta de si la ha utilizado o no en otros momentos en los que la prepotencia puede más que la capacidad de serenarse.

De la misma manera irracional, la decisión de los militares de cerrarle cualquier oportunidad a la vida a un civil completamente sometido, además moribundo por las balas recibidas, transporta a la era de excesos cometidos en la serranía sinaloense por soldados cuyo fuego a discreción agarraba parejo y nadie llevaba ante la justicia a las tropas abusivas. Esto nada tiene que ver con dar abrazos en vez de balazos.

Déjense por lo pronto las evidencias en dos avisos oportunos para blindar los derechos humanos de los rescoldos de la creencia que sostiene que el arma dotada para el servicio público constituye la licencia para pisotear la ley y todo aquello que el marco jurídico protege. Si recobrara vigencia dicho dogma, la pérdida de la cordura y la ecuanimidad hará que se multipliquen los ogros con charola que abofetean a cualquiera que se resista a ser humillado, y la alteración de la conducta militar pasará a ser el oprobio de los pacíficos.

Hay que evitar por medios legítimos la degradación de la fuerza pública, de garantes del orden a especialistas de la anarquía. El Fiscal Juan José Ríos Estavillo tiene la palabra para que ningún simio con pistola pueda involucionar al Sinaloa de la ley de la jungla. El Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González, debe hacer valer la disciplina y el orgullo castrenses para que el pueblo bueno sienta que por cada soldado tiene un héroe que se la juega para salvaguardar la paz y lo que ésta significa para los ciudadanos.

Por lo pronto, a los aparatos de procuración de justicia y seguridad pública militarizada les significa un alto costo en materia de confianza ciudadana el hecho de que vuelvan a la evocación colectiva los tiempos de Zeferino Ojeda, Roberto Robles Rendón y Jesús Antonio Aguilar Íñiguez que acuñaron las ignominias de las torturas, los castigos impuestos extrajudicialmente y la conversión de las cárceles en asilo de inocentes, para que siguieran libres los verdaderos responsables de crímenes.

Después de los videos de la arbitrariedad la impunidad no cabe. ¿Qué no estamos en plena era donde la ley tutela la convivencia humana y quien la hace, sea quien sea, la paga? Pues que vengan las investigaciones, definición de responsabilidades y el debido ejercicio de la norma jurídica. Antes el aparato público arropaba la prepotencia y arbitrariedad policiaca y militar; ahora lo menos que debe hacer es ponerlos a disposición de la justicia.

Reverso
Estos recuerdos destilan,
La sangre de apologías,
De abusivos policías,
Y soldados que fusilan.

A la cuenta de Chapman
Y por si no fuera suficiente un solo caso de presunto involucramiento de policías en transgresiones a la ley, ayer la Comisión Permanente del Congreso del Estado emitió un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que la Fiscalía estatal investigue si fueron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome los que asesinaron el 17 de agosto al pescador Fabián García Barreras, en el ejido Chávez Talamantes, hecho de violencia que dejó a cuatro niños huérfanos. En los 22 meses del gobierno de Manuel Guillermo “Billy” Chapman sus agentes preventivos más parecen enemigos que cuidadores de los ahomenses.