"Periodismo y derechos humanos, otro paso"
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Ley de Protección, por un Sinaloa sin bozal
En un paso más hacia adelante en el proceso legislativo, ayer el Congreso del Estado dio primera lectura a la iniciativa de Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que propone crear el Instituto Estatal para el amparo de ambos sectores que a diario asumen riesgos por hacer valer las garantías constitucionales y sean respetadas las integridades de la ciudadanía sinaloense. Es apenas el inicio de la ruta, complicada y a contrarreloj, rumbo al escenario donde ejercer las libertades no se pague con la vida.
La propuesta de que se expida esta Ley es la apuesta por la entereza de los principios consagrados en la Carta Magna concernientes a los derechos de ser libres y seguir vivos. Sintetiza el sentir del periodismo y la defensa de los derechos humanos, actividades que necesitan estar a salvo para estar en posibilidad de ir al rescate de lo más valioso que la sociedad posee.
Lo que sigue es la convergencia de la 63 Legislatura, del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, del ombudsman y del periodismo en un solo punto: fortalecer la defensoría social para que en situaciones de complicación política, social o económica los ciudadanos tengan a quienes les puedan identificar y señalar las salidas de emergencia que conduzcan a circunstancias adecuadas en las que puedan construir las soluciones comunes.
Hoy, desafortunadamente, están ausentes las condiciones para realizar a plenitud tal defensoría social. En menos de un año, de junio de 2017 a mayo de 2018, se registraron 313 eventos de agresiones a defensores de derechos humanos en México, con 358 actos violatorios que afectaron a 212 personas, 7 familiares de defensores, 59 organizaciones y 30 comunidades. La impunidad fue del 95 por ciento en estos casos.
El informe más reciente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que considera al periodismo en México como el de más alto riesgo a nivel mundial, da cuenta del asesinato de 124 periodistas de enero de 2000 a mayo de 2019, mientras que la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión en el mundo, determina que la impunidad aquí es del 99 por ciento.
¿Quién en este alarmante contexto no querría construir los andamios jurídicos para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos? Se apela a las diputadas y diputados de todo el estado, de todos los partidos y de todos los ciudadanos, para que permitan el marco legal que tal vez no sea el mejor, pero sí es el único que tendríamos para levar anclas hacia el mejor esquema de protección de todo el País.
La misión de los periodistas y defensores de derechos humanos consiste en recuperar aun en escenarios de crisis aquello que significa la luz al final del túnel. Son dos sectores que requieren de la ecuanimidad y certidumbre en circunstancias en las que todo se complica. Es fundamental dotar de protección y apoyo social a las tareas responsables de guiar, defender, informar educar y prevenir en el pacto cuyo único fundamento es el de la confianza, concedida esta como último reducto de la civilidad en los vientos de intolerancia que soplan.
Rumbo a ese modelo en construcción de periodismo y derechos humanos como faro del buen quehacer humano, la propuesta presentada al Congreso por la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, el centro ciudadano de investigación Iniciativa Sinaloa, y la Comisión de Atención a Víctimas, respaldada además por un importante número de periodistas y luchadores sociales, es el primer esfuerzo desde la sociedad civil para la protección de los dos gremios.
Se sintetiza en crear una instancia autónoma, especializada y con las suficientes calidad moral y capacidad técnica que revierta el esquema donde el Estado actúa una vez que suceden las agresiones, cuando lo importante es que los posibles ataques sean detectados y prevenidos, así como la protección a quienes se hallen en riesgo se proporcione antes y no cuando los daños sean irremediables.
También se proponen esquemas y procedimientos de rendición de cuentas, para que el Instituto Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas atienda los más altos estándares de transparencia y de vigilancia ciudadana. No está en el ánimo de los sectores que amparan la iniciativa crear un botín; la convicción central es fortalecer en Sinaloa los mandatos de los artículo primero, sexto y séptimo de la Constitución.
Y por si las razones expuestas no fueran suficientes, entonces que cada legisladora o legislador, sinaloense o sector social se pregunte qué pasaría, a qué se expondrían en lo individual y colectivo, en dado caso de que el riesgo a que están sujetos los periodistas y defensores de derechos humanos acabara por acobardar o anular la labor de estos. Imaginémoslo al menos, diputadas y diputados, al tomar las decisiones correspondientes.
Reverso
Aplica en esta ocasión,
El dicho de que empezar,
Es clave para avanzar,
¡Venga ya la Ley de Protección!
La otra UAS
En el encuentro que sostuvo ayer el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, con la comunidad académica y estudiantil de la Universidad Autónoma de Sinaloa ¿dónde estaban los segmentos críticos que hablan de antidemocracia y corrupción al seno de la casa de estudios? Si hasta pareció el campus el páramo de la armonía rosalina, al hacerle ver al titular de la SEP que todo va bien, que nada perturba la vida de la UAS. ¿Se confundieron los disidentes creyendo que era el otro Moctezuma que venía, el tlatoani de los mexicas?
