"Patentiza Tepuche el narcogobierno. ¿Quién responde por los inocentes?"
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A la misma hora que el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, declaraba ayer que se pidió apoyo a la Guardia Nacional para que instale en Sinaloa más Bases de Operaciones Mixtas, en la zona de Tepuche, sindicatura de Culiacán, rondaban los grupos armados que consumaron la violencia extrema que durante 90 días acechó en todas las formas posibles… Y el Gobierno no hizo lo suficiente para contenerlos.
En ese momento el titular de la SSP estatal ya estaba enterado de que en Caminaguato había presencia de comandos del narcotráfico y que eso anunciaba guerra. Por la tarde, al confirmarse las dos masacres que le quitaron la vida a 16 personas, pudo imaginar el rictus de impotencia de los jefes de familia que eran sometidos al fusilamiento por criminales que saben, tienen la certeza de ello, de la rendición de la fuerza pública.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, a las 10:30 de la mañana del miércoles recibieron el primer indicio de que los gatilleros marcaban con sangre el territorio de Tepuche, cumpliéndose la sentencia maldita que durante semanas los lugareños vieron venir. Después de esa hora Castañeda Camarillo asistió a un evento público encabezado por el Gobernador Quirino Ordaz y sin dar a conocer lo que aquella comunidad padecía sólo se refirió a la solicitud de apoyo a la Guardia Nacional.
Seguramente Castañeda y el Gobernador Quirino Ordaz ya poseían el informe preliminar sobre el saldo de la cruenta lucha entre dos grupos del Cártel de Sinaloa, que luego de asesinar a siete personas en La Vainilla amplió el exterminio a Bagrecitos con nueve homicidios más, y no lo dieron a conocer hasta muy tarde, guardándose la versión oficial para el día siguiente.
Ayer, cuando en conferencia de prensa el Secretario de Seguridad Pública dijo que de los 16 asesinados la mayoría eran presuntos delincuentes, lo cual tendrá que probarlo, Sinaloa se había sumado a la serie de aniquilaciones masivas que tiñen de rojo el mapa nacional. Las masacres en La Vainilla y Bagrecitos debieron evitarse porque a diferencia de otros sucesos de barbarie aquí se contó con una secuencia de ataques y enfrentamientos que anticipaban eventos de terror del narco concretados por la ausencia de gobierno.
Desde el 25 de marzo que asesinaron al comandante de la Policía Municipal de Tepuche, Jovel Pérez Meza, se evidenció la lucha por el control de esa zona librada entre los gatilleros de dos fracciones del Cártel de Sinaloa. Enseguida, la larga lista de homicidios, quema de casas en poblados, intentos por crear defensas comunitarias y plomo y terror sin límites advirtieron del peligro en que está la gente en los poblados del norte de Culiacán.
¿Por qué desde entonces no se actuó con toda la fuerza de la ley y las instituciones de seguridad pública? En varias ocasiones los pobladores pidieron la presencia de la Guardia Nacional, aquella que simuló traer a 3 mil 500 elementos para instalarse en forma permanente en la base militar “El Sauz”; tantas veces vino el llamado de auxilio y se respondió con tardíos sobrevuelos policiacos; infinidad de aseguramientos aportaron evidencia de los narcoarsenales que apuntaban contra ciudadanos pacíficos. ¿Y?
Hoy es tarde para que las autoridades hablen. Digan lo que digan las secretarías de Seguridad Pública federal y estatal, la sangre de los inocentes (o culpables, según Castañeda) ya corrió en la sindicatura perteneciente a Culiacán que desde marzo es rehén permanente de los sicarios de dos células del Cártel de Sinaloa que se despedazan entre sí. Para qué los discursos, los anuncios de más policías y guardias nacionales, si no se actuó a tiempo.
Los que sí hay son sobrados motivos para que los titulares de la SSP, Cristóbal Castañeda Camarillo, en Sinaloa, y Alfonso Durazo Montaño, en México, reconozcan el fracaso de sus desempeños en los cargos y dejen el lugar a quienes puedan ofrecer mayor eficiencia. Con los hechos de Bagrecitos y La Vainilla, Castañeda es corresponsable de desestimar los focos rojos que durante tres meses avisaron del infierno en Tepuche; Durazo carga en su bitácora del fracaso las masacres en Oaxaca, la crisis violenta de Guanajuato y alrededor de 50 mil homicidios dolosos registrados desde que asumió el cargo.
Urge que el Gobernador Quirino Ordaz explique en qué sustentará la protección de los sinaloenses en esta última parte de la administración pública que encabeza. Que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro dé a conocer cuántas veces se le plantó enfrente al Presidente Andrés Manuel López Obrador para advertirle del dominio del crimen en el norte del municipio. De no hacerlo, la entrega de Tepuche al narco constituirá la toma sin ambigüedades de todo el suelo de Sinaloa por parte de la delincuencia.
El narco tiene bien calculada y capitalizada la debilidad que exhiben las instituciones federales, estatales y municipales cuando de hacer valer la ley se trata. Dependerá de la respuesta que dé el Estado a los eventos sangrientos del 24 de junio (ojalá que no sea réplica del desmoronamiento que el gobierno evidenció en Culiacán el 17 de octubre de 2019), para que sepamos a qué atenernos, a quién encomendarnos o cómo salvarnos en los tiempos inciertos que corren.
Reverso
Hoy abundan en Tepuche,
Los que cuentan a los muertos,
Ya no hay más policías tuertos,
Ni Gobierno que no escuche.
La nueva fatalidad
Lo que le faltaba a México para mantener a los ciudadanos en permanente psicosis de miedo ocurrió la noche del 24 de junio cuando un grupo armado intentó introducir un vehículo con 12 artefactos explosivos a la refinería de Salamanca, Guanajuato. Si este modo de violencia se agrega a la que vive el País, más la pandemia, el fanatismo, la división, la recesión y la intolerancia, nuestra amada patria requerirá con urgencia que de nuevo salgamos todos codo a codo a rescatarla.
