|
"LA SÉPTIMA SILLA"

"Parlamento de Sinaloa en lengua de señas"

""
28/09/2020 21:36

    norma@sanchez-castillo.mx

     

     


    Ayer 28 de septiembre se celebró el Día Internacional del Derecho a Saber y coincidió con una noticia del Poder Legislativo de Sinaloa. Un joven intérprete, de 30 años de edad, traducirá a lengua de señas las sesiones parlamentarias a partir de este 1 de octubre.


    El anuncio se da en el contexto del Día Internacional de las Personas Sordas, el cual se celebra también durante la última semana de septiembre en el mundo. Sinaloa conecta con dos momentos para atender un derecho invisible durante las casi dos décadas de vigencia de su Ley de Transparencia. El derecho de acceso a la información de las personas que presentan dificultades para escuchar.


    A pesar de que esta entidad presume ser la primera del País en legislar en transparencia, es evidente que las personas ciegas, sordas, mudas o con alguna limitación motriz, no han estado en el foco de sus políticas públicas. La deuda se extiende a las personas indígenas. Que esté en la Ley no es garantía de que suceda. No todas las Unidades de Transparencia atienden el artículo 124 de la Ley, que obliga a garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información.


    Algunos gobiernos han invertido millones para adaptar sus plataformas digitales y hacerlas más incluyentes. En 2017, por ejemplo, el Gobierno de Álvaro Ruelas Echave -entonces alcalde de Ahome- pagó a la empresa INCLUIR-T la cantidad de 15 millones de pesos para que le diseñaran e implementaran un proyecto de accesibilidad a la información pública, a favor de las personas con discapacidad. Habría que ver si el proyecto funcionó y sigue operando.


    De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) del INEGI 2018, de los 115.7 millones de personas de 5 años y más que habitan el país, 7.7 millones (6.7 por ciento) son consideradas como población con discapacidad y, por ello, están en mayor riesgo de experimentar barreras en la participación social, pues presentan dificultades para caminar, ver, escuchar y hablar.


    Las cifras demuestran que este grupo poblacional es significativo, por lo que asegurar que la información que genera el Gobierno también llegue a ellos, es fundamental. Los servicios públicos son para todas/os y la información es la única vía para que la sociedad los conozca y reciba oportunamente.


    Aquí cobra relevancia el proyecto de Parlamento Abierto que un grupo de organizaciones y ciudadanas/os está actualmente impulsando con el Congreso de Sinaloa y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. La meta es lograr la implementación de poco más de 30 criterios específicos de apertura, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y uso de tecnologías de la información. Uno de los objetivos aspira a que el Congreso garantice el derecho de acceso a la información a personas ciegas, sordas, mudas, indígenas o con alguna limitación motriz, de Sinaloa.


    Si bien el ejercicio ciudadano con el Congreso ya ha registrado alguno avances importantes, es necesario mencionar que hace falta que los tres poderes del Estado hagan más. Las sesiones de los jueces y magistrados, por ejemplo, no se trasmiten en vivo en Sinaloa, ni tampoco las reuniones donde se deliberan las contrataciones públicas.


    La acción de traducir las sesiones parlamentarias de Sinaloa al lenguaje de señas es una muestra de que es posible que el resto de los poderes, los 18 ayuntamientos, los órganos autónomos y las instituciones responsables de implementar la Política Estatal Anticorrupción, también lo pueden hacer.


    Hace falta que los ajustes de recursos financieros y humanos que hacen posible este tipo de avances se trasladen a otros objetivos en beneficio de todas las personas con alguna limitación visual, auditiva o motriz. La pregunta es: ¿Qué tan accesibles son los servicios públicos y las páginas de internet del Gobierno de Sinaloa para ellas? Valdría la pena medir y evaluar. Por lo pronto, el Congreso ha dado un paso, pequeño pero valioso, y habrá que ver quien le seguirá.