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Sinembargo.MX
Por la posición de los personajes, por el volumen de los recursos involucrados y la dimensión de las decisiones que se tomaron, en el caso que se investiga a partir de las declaraciones de Emilio Lozoya Austin, todo apunta a que estamos ante uno de los casos de corrupción más grandes de la historia reciente del país.
Una vez detenido el 12 de febrero de este año en Málaga, España, a donde se había refugiado cuando huyó de la justicia mexicana, se especuló sobre la información que proporcionaría el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la justicia mexicana. Como se recuerda, en un primer momento Lozoya Austin negó las acusaciones y posteriormente, a través de sus abogados (encabezados por Javier Coello Trejo), anticipo que se defendería y que si se le investigaba daría a conocer la información que disponía y hablaría de la participación de sus jefes superiores en los casos denunciados: sobornos de Odebrechet y la compra a sobreprecio de la planta de Agro Nitrogenados.
Una vez detenido, Lozoya Austin cambió de postura y aceptó la extradición y colaborar con la justicia por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Todo indica que en este cambio de postura tuvo qué ver la intervención de Emilio Lozoya Thalmann (padre del exdirector de Pemex y Ministro en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari) y los abogados del imputado, entre ellos el exjuez español, Baltasar Garzón.
A cambio de aceptar la extradición y colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para indagar a quienes y cómo beneficiaron de los sobornos entregados por la brasileña Odebrecht y la mexicana Altos Hornos de México, Lozoya Austin espera disminuir su condena o incluso quedar libre y también beneficiar a sus familiares involucrados: su madre Gilda Margarita Austin, su hermana Gilda Susana Lozoya y su esposa Marielle Helene Eckes (aunque según algunos juristas, cada una de ellas debe librar un juicio por separado).
A partir de esta estrategia de la defensa de Lozoya Austin se han dado a conocer avances de la información que el exdirector de Pemex ya ha dado a las autoridades mexicanas.
Una de estas pistas es la revelación de Reforma el pasado viernes de que parte del dinero que la constructora Odebrecht entregó a cuentas secretas a Lozoya Austin fueron utilizadas en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Según esta nota, Lozoya Austin le aseguró a la Fiscalía mexicana que tanto Peña Nieto como su coordinador de campaña, Luis Videgaray, estaban enterados de estas transacciones. La otra revelación es que parte del dinero sirvió para sobornar a diputados y senadores a cambio de que aprobaran la Reforma Energética que se discutía en el Congreso de la Unión en 2013. En este caso se destinaron 52.3 millones de pesos para aprobar reformas del Pacto por México. “El entonces Presidente Enrique Peña y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, encabezaban directamente la estrategia”, se afirma en la nota firmada por Abel Barajas y Claudia Guerrero (Reforma, viernes 24 julio 2020).
Las denuncias de Lozoya Austin hacen un salpicadero de suciedad a diversos políticos que sostenían jubilosos el Pacto por México, entre otros el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, quien era el presidente de la Cámara de Diputados cuando se aprobó la Reforma Energética. Otros panistas mencionados son Ernesto Cordero y Salvador Vega, exsenadores, y los hoy gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Pero el salpicadero no termina con estos actores y estas cifras. De acuerdo con Milenio, la red de sobornos que en la que participó Lozoya Austin ascendió a unos 120 millones de dólares, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. “Milenio tuvo acceso a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, de las que se desprenden 16 denuncias: ocho a personas físicas y ocho a morales. Los montos denunciados son por depósitos de 73 millones 531,419.85 pesos y 119 millones 75 mil 131.67 dólares, respectivamente”.
Ahora la revista Proceso, en su edición de esta semana, da a conocer que la red de sobornos a legisladores, tanto para la aprobación de la Reforma Energética como de las leyes secundarias, fue dirigida por Lozoya Austin a través de dos de sus operadores: Rosario Brindis Álvarez, titular de Enlace Legislativo de Pemex; ella ejecutaba órdenes directas de Froylán Gracia Galicia, coordinador de la dirección general de la empresa durante la gestión de Emilio Lozoya Austin.
Sólo a los diputados se les repartió 359.2 millones de pesos que se repartieron entre integrantes de las bancadas de PRI, PAN, Panal y PVEM, bajo el capítulo de “subvenciones extraordinarias”.
“El piso 45 de la Torre de Pemex albergó durante varios años de la administración de Enrique Peña Nieto un ‘cuarto de guerra’. Ahí, en una de las paredes de esas oficinas, se desplegó durante un tiempo una manta de tres metros por cuatro con las imágenes de los 500 diputados federales y los 128 senadores que discutieron, hasta aprobarla, la Reforma Energética. Cada una tenía un pegote de color y una leyenda: amarillo, “por convencer”; rojo, “jamás accederían”, y verde, “votos seguros”, reveló a la periodista Jesusa Cervantes un informante anónimo que participó en esta red de soborno a legisladores federales.
Diversos actores denunciados en esta trama, como Ricardo Anaya y el exsenador Ernesto Cordero, negaron las acusaciones, como cabría esperar. Sin embargo, Lozoya Austin ha dado detalles bastante precisos de cómo operó esta red de corrupción con la que se compró a políticos del Pacto por México.
No es la primera vez que trasciende el soborno de los legisladores para aprobar leyes en México (de hecho esta es una práctica utilizada en el Congreso de Jalisco), pero lo que resalta en esta red de corrupción revelada por Lozoya Austin es el tamaño y dimensión que alcanzó la corrupción en los dos anteriores sexenios, convirtiendo al Pacto por México en un verdadero pacto por la corrupción. Ahora, que no haya pacto de impunidad.
