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Aquellos que insisten que la verdadera democracia se acaba de inaugurar, deberían revisar algunas de las últimas acciones de la nueva administración.
Nos piden aceptar que la iniciativa para modificar parte de la estructura y funcionamiento del INE no obedece a consideraciones políticas ajenas a mejorar la función electoral del Estado.
Es mucho pedir después de lo que se ha visto en relación a otros órganos autónomos o de autonomía técnica como la CNDH, la CRE, la CNH o el Consejo de Administración de Pemex y de órganos técnicos como la ASEA, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente que requieren un conocimiento especializado y no 99 por ciento de lealtad u honestidad. Éste último que ni siquiera cumple con los requisitos que marca la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente. Como si honestidad y competencia no pudieran coexistir.
Es mucho pedir después de las descalificaciones al INE, a varios de sus consejeros y particularmente a su presidente.
La iniciativa morenista de rotar la presidencia del INE tiene como propósito separar a Lorenzo Córdova de la presidencia. Es en ese sentido una ley ad hominem, una iniciativa pensada en beneficiar o, en este caso, perjudicar a una persona. Es además atentatoria contra una de las garantías fundamentales de los órganos autónomos: la inamovilidad de los integrantes nombrados para un cargo, en este caso el del presidente del INE, nombrado por la Cámara de Diputados. Para más datos, se haría retroactiva cuando debiera, si la iniciativa tuviese méritos, operar para cuando el actual presidente terminara su encargo, o sea, en el 2024. Para rematar, no se explica por qué por ejemplo si es tan conveniente que el puesto se rote, no se plantea para otro órgano autónomo de igual relevancia como es el Banco de México (cosa que no estoy sugiriendo).
Recuerda la iniciativa que descabezó al IFE de su presidente Luis Carlos Ugalde porque en las cuestionadas elecciones de 2006 osó decir que no tenía los suficientes elementos para declarar a quién favorecían las tendencias y que, en democracia, un solo voto de diferencia puede definir la elección. Con una pequeña gran diferencia. A Ugalde se le sacrificó en aras de los perdedores. Ahora se quiere sacrificar a Lorenzo Córdova en aras de los ganadores.
El año que viene deberán elegirse a cuatro nuevos consejeros. No sabemos si eso ocurrirá porque se ha reiterado la intención de reducir el número de integrantes del Consejo. En caso de sí designarlos, Morena podrá, con su mayoría, nombrar a sus incondicionales.
México tiene muchos problemas y uno de ellos no parece ser el órgano electoral aun cuando se pueda pensar en reformas para mejorar la institución e incluso para ahorrar recursos. Pero si de una reforma electoral se trata o, de manera más restringida, de una reforma a la estructura de las autoridades electorales, se debe discutir y negociar. Como lo ha repetido Bobbio, las reformas electorales son, de todas las reglas, las que requieren como base de su aprobación un consenso amplísimo o, si es posible, la unanimidad.
La otra afrenta a la división de poderes es el nombramiento de la vacante en la Suprema Corte. Equivocadamente supuse que la nueva ministra sería la doctora Magaloni. Lo hice por dos motivos. Primero porque era la que más méritos tenía, la que mejor proyecto presentó y la única sin vínculos con el Ejecutivo. Segundo porque después de lo sucedido con la CNDH en donde abiertamente se violó la legalidad tanto en términos procedimentales como en los requisitos que se exigen para ocupar el cargo, pensé que en la designación de la SCJN se abría una oportunidad para dar una buena señal. Claramente me equivoqué. Rosario Piedra ni siquiera cumplió la exigencia del Presidente de la República de 99 por ciento honestidad. Mintió al declarar bajo protesta de decir verdad que no había sido dirigente de partido en el último año.
La trayectoria de la nueva ministra Ríos Farjat no es objetable pero hay que reconocer que su nombramiento responde a la voluntad del Presidente quien, con este nuevo nombramiento, tiene asegurados los votos para vetar cualquier acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional.
Así avanza la captura de las instituciones o ramas de gobierno para eliminar los contrapesos.
