"No más exclusión a estudiantes indígenas y migrantes"
@Mexicanos1oSin
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La reforma constitucional de 2019 trajo consigo la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva (ENEI), en un esfuerzo por asegurar la equidad en educación, es decir, que el Estado implemente medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes (NNJ) y combatan todo tipo de desigualdades en el acceso, tránsito, permanencia y logro en los servicios educativos.
Dicha estrategia, intentará atender y saldar una deuda que el Sistema Educativo Mexicano, ha tenido por mucho tiempo, especialmente con los grupos en situación de vulnerabilidad. Hoy me enfocaré en dos de ellos que históricamente han sufrido los estragos más marcados de la exclusión educativa: migrantes e indígenas.
Sinaloa se caracteriza por ser el estado con la mayor producción agrícola del país, sin embargo, pocas veces es visibilizado que debido a esto, es también uno de los estados con mayor recepción de jornaleros agrícolas, migrantes que regularmente vienen a nuestro estado acompañados de sus familias enteras, lo que implica que sus hijos e hijas en ocasiones comiencen a trabajar, restando importancia o incluso dejando de lado sus estudios; a nivel nacional son más de 270 mil NNJ que han abandonado su trayecto escolar debido a esto.
En cuanto a población indígena en Sinaloa, la Encuesta Intercensal 2015 reveló que 116 mil 824 de las niñas, niños y jóvenes en la entidad se consideraban a sí mismos indígenas y 10 mil 778 lo hacían de manera parcial. De ese número, 6 mil 888 entre 3 y 17 años hablaban una lengua indígena, siendo mayo, náhuatl, mixteco, tarahumara y zapoteco las principales.
Para atender a las necesidades de estos dos grupos poblacionales, durante el ciclo escolar 2016 - 2017, en Sinaloa había 32 preescolares indígenas, 31 primarias de la misma modalidad y 16 secundarias para migrantes, la mayoría de ellas de multigrado, es decir, agrupados con alumnos y alumnas de diversos grados debido a la falta de personal docente y materiales educativos. Sin mencionar las enormes deficiencias y carencias infraestructurales con las que estas escuelas se ven obligadas a operar. Todo esto, resulta aún más preocupante cuando tomamos en cuenta que el Gobierno del Estado redujo más de un millón de pesos el monto del presupuesto destinado para equidad e inclusión, del cual se destina una gran parte a atender dichas carencias.
Las condiciones materiales se ven a su vez reflejadas en el abandono escolar y los limitados resultados de aprendizaje. En promedio, las NNJ migrantes tienen una escolaridad de cuatro años y medio, la mitad de los casi nueve años que tiene en promedio la población en el mismo grupo de edad a nivel nacional. Además, de acuerdo con los resultados de PLANEA 2018, los porcentajes más elevados de alumnas y alumnos en nivel de insuficiencia, es decir, que no dominan los aprendizajes esperados para el nivel que les corresponde, se presentan en escuelas de modalidades indígenas y migrantes.
Es obligación del Estado asegurar que la cobertura educativa llegue particular y especialmente a comunidades de difícil acceso como campos agrícolas y comunidades indígenas. Además, un sistema educativo que garantice el aprendizaje de y en lenguas indígenas, que promueva su preservación. Para ello, se necesitan docentes capacitados y materiales didácticos que se ajusten a la gran diversidad cultural de México. El sistema debe adaptarse a las y los alumnos, no viceversa, como ha ocurrido históricamente. Sólo de esta manera, podremos comenzar a reducir las enormes brechas de desigualdad que día con día se hacen más grandes, y que niñas, niños y jóvenes deben enfrentar para superar su contexto.
La autora es investigadora en Mexicanos Primero Sinaloa
