"Niños en las fauces de la bestia del crimen. Redes ciudadanas, el blindaje a la infancia"

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Por fortuna, Kevin Ramsés, de 12 años de edad, fue encontrado ileso en Mazatlán y compete a la Fiscalía General del Estado determinar las circunstancias en las que fue privado de la libertad en la Colonia Juárez y localizado horas después en el sector Pradera Dorada, sin embargo, el caso refuerza la percepción pública de que la integridad física y moral de los menores de edad está en vilo, colgando del hilo providencial que los pone o los quita en manos criminales que dan cuenta a nivel nacional de la brutalidad aplicada al vulnerable sector infantil.
Tratándose de un resultado que nos anima, el reto a superar es que todos los casos terminen con las víctimas sanas y a salvo. A partir de aceptar que existe la delincuencia inhumana en extremo, aquella que toca a los que nunca debiera afectar, como sinaloenses debemos prepararnos para la defensa férrea de los niños y la exigencia de que las autoridades y la justicia nunca fallen al cuidarlos a ellos.
Es real el contexto de violencia generalizada donde la barbarie se camufla con sus mil fauces, pero procede a configurarse en medio del cotidiano salvajismo una tendencia a afectar a menores de edad con los diferentes modos de delincuencia. Simultáneamente, el aparato de seguridad pública y los sistemas de investigación y justicia dan muestras de que no están preparados y carecen de capacidad técnica y operativa para hacerle frente a la situación.
Siendo más duros en el planteamiento, ni siquiera tienen la voluntad política para entrarle a circunstancias donde está de por medio la vida de los niños. El caso de la pequeña Fátima, por ejemplo, puso a temblar a todo México por las características del crimen y la interrogante de por qué tenía que pagar ella por la descomposición del sistema de protección a la niñez, hedor viejo que hoy la indignación generalizada lo convierte en más nauseabundo.
Es a la vez la más reciente evidencia de que el Estado mexicano carece de capacidad de respuesta ante ataques a la infancia. La misma reacción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se esconde detrás de la excusa trillada de culpar “a la crisis y la pérdida de valores que provocó el modelo neoliberal”, deja mucho que desear respecto a la expectativa pública de que sea él quien cumpla el mandato constitucional de hacer valer el estado de derecho.
En la atmósfera local, Kevin Ramsés, según la primera versión oficial que se difundió el martes por la mañana, fue privado de la libertad a las 8:00 horas cuando se dirigía a su escuela. En una parada de camiones de la Colonia Juárez fue interceptado por sujetos que se transportaban en una camioneta y se lo llevaron sin saberse a dónde.
Lo importante de este caso es que de inmediato se movilizó la Policía de Mazatlán y la solidaridad de los mazatlecos tendió un cerco cívico que orilló a quienes lo secuestraron a sentirse perseguidos con el buen desenlace que ya se conoce: al niño se le encontró deambulando junto a una menor de edad en el sector Pradera Dorada. A reserva de los datos que aporte la carpeta de investigación, aquí estamos hablando de un final que trae consigo una gran moraleja y oportunidad.
La participación ciudadana resulta crucial en la búsqueda de desenlaces donde siempre salgan incólumes los niños que se vean afectados en eventos de desapariciones o privación ilegal de la libertad. Cuando la gente asume la responsabilidad de salvaguardar a las víctimas de la violencia se activa un mecanismo poderoso que nada ni nadie será capaz de detener. Las instituciones abandonan las desidias, la delincuencia se siente perseguida y las posibilidades de rescatar a los afectados se multiplican.
El protocolo Alba, implementado recientemente en Sinaloa con enfoque de seguridad para las mujeres, o la alerta Amber cuyo propósito es involucrar a la población en el rastreo de personas desaparecidas, han demostrado cómo la eficacia resulta mayor si la ciudadanía colabora al acuerparse como ejército de apoyo a los que están en peligro.
Tampoco se trata de suplantar a la fuerza pública ni a la procuración e impartición de justicia en las funciones que les corresponden. La contribución cívica ha funcionado y lo más seguro es que gracias a ésta han regresado con sus familias muchas personas que han sufrido la desaparición forzada y que viven para contarla como efecto de que Sinaloa las ha buscado codo a codo.
Por Fátima, que el Gobierno no la supo defender, o por Kevin Ramsés, quien libró la vertiente de peligro, de hoy en adelante hagamos posible la articulación entre gobierno, sociedad, policía investigadora, fiscalías y juzgados, para defender a nuestros niños. Que a ellos nos lo toque la salvaje delincuencia alimentada con impunidad.

Reverso

Mira, Sinaloa, esos guiños,
De la brutalidad habitual,
Es el crimen que a nuestros niños,
Acecha como ave del mal.

Ley aplicada, ley viva

Cada vez que se agudiza la incidencia sobre determinado delito, los Congresos federal y estatales proceden a aumentar la pena corporal para quienes los cometan. Esto no contribuye a inhibir la comisión de ilícitos porque los delincuentes pocas veces son ubicados y detenidos, es raro que sean llevados a los tribunales y cuando ello sucede se atraviesan tráficos de influencias para proveerles impunidad. Siguen en las calles, sin pisar las prisiones. Entonces, decidir por más años de cárcel para hechos de feminicidio, o casos de ataques a niños, no es la solución. Lo que funcionaría es que la ley, así como está, alcance a quien la violente, sea quien sea.