Editorial
En medio del estruendo mediático provocado por la crisis sanitaria, y casi a hurtadillas, se ha aprobado la Ley de Amnistía por el Senado de la República, la última instancia necesaria para que el decreto presidencial sea una realidad.
De solo mencionarla, la nueva ley provoca una intensa polémica, sobre todo si entendemos que su origen tuvo lugar en las campañas presidenciales, cuando el entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, anunció lo que en ese entonces era apenas un proyecto.
Por su naturaleza, todas las leyes de amnistía provocan polémica, suelen ser medidas drásticas que intentan resolver problemas complejos. Colombia es quizá el último gran ejemplo donde una Ley de Amnistía se aplicó para integrar a miles de guerrilleros y culminar con la violencia que sangraba el País.
En México en un principio se habló de una Ley de Amnistía que dejaría en libertad a miles de narcotraficantes y asesinos, pero al final, la ley aprobada por el Senado es apenas una ventana para liberar a un porcentaje muy menor de la población carcelaria del País.
La ley permitirá que recobren su libertad todas aquellas mujeres que se encuentran en prisión acusadas de abortar, los indígenas que no hayan recibido una buena representación con intérprete durante su juicio y aquellos que hayan robado sin utilizar armas.
Además, los beneficiarios de esta nueva Ley deberán contar con una sentencia en firme, algo que en este País es tan difícil, debido a la burocracia, que las personas que puedan solicitar sus beneficios son muy pocos.
Acaso la mejor oportunidad que tendrán algunos reclusos de reclamar los beneficios de esta ley serán los que apelen a una condición de pobreza, de esos si que están llenas nuestras prisiones.
Pero en suma, la nueva Ley de Amnistía parece un buen ejemplo de las propuestas de la 4T: mucho ruido y pocas nueces.
