"Los victimarios de la atención a víctimas. Copia Sinaloa plan federal de sofocación"

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Mara Gómez Pérez, la mujer que renunció al cargo de Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, evidencia una realidad que desde el Gobierno federal trasmina al resto del País para dejar en claro que ni al Presidente Andrés Manuel López Obrador ni a los gobernadores les importan los ciudadanos o familias que resultan agraviadas al caer en las fauces de la violencia, ese monstruo insaciable que está fuera del control del Estado mexicano.

La especialista en justicia y derechos humanos determinó el 19 de junio dimitir a la responsabilidad que la convertía a ella y la CEAV en víctimas del fingimiento gubernamental que en el discurso habla del acompañamiento a los afectados y lo que acaba dándoles es indiferencia. Y así las administraciones públicas para las cuales el dolor ajeno no amerita meterle un peso en paliativos, se convierten en inmolados de sus propias indolencias.
Los órganos autónomos están abandonados. Si otras cosas comenzaron a morir en la actual emergencia sanitarias por coronavirus, éstas tendrían que ser las instancias construidas con ladrillos de tenacidad cívica para aproximar a México al ejercicio pleno de los derechos y las libertades. La pandemia procede a agravar los síntomas oficiales de indolencia, frialdad y agotamiento ante los lastimados.
En febrero, Mara Gómez Pérez le lanzó dardos certeros al Presidente López Obrador al exponer que la CEAV no ha servido para lo que fue creada. Todo indicaba que la Comisión era otra de las arterias de la 4T que necesitaba que le repararan los daños colaterales para estar en condiciones de cumplir su función ya que de 39 mil víctimas registradas tan sólo atendía a 7 mil.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas enfrentó a su victimario, el Gobierno federal, que poca o nula voluntad ha mostrado en el acompañamiento a las víctimas. La CEAV “ha creado víctimas de primera y víctimas de segunda y eso no puede y no debe ser, por lo que tenemos que atender a todos por igual. Nosotros trabajamos por las igualdades. Debemos de trabajar por la igualdad de las víctimas y a todos se nos debe dar la misma atención”, dijo Gómez Pérez.
Le guardaron el reclamo y luego la hicieron tronar en el cargo. Al conocer la renuncia de la doctora en derecho internacional y ex asesora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente López Obrador acudió a la misma justificación que utiliza contra todo aquel que discrepa. “Las mismas personas que son familiares de víctimas están exigiendo su renuncia”, dijo.
El problema es que el nuevo régimen se aprovecha de la fragilidad de los entes autónomos y lejos de proponer la purga de las inercias que sí existen y no son pocas, prefiere derrumbar con la cola lo que sociedad civil ha edificado con el corazón, sin ocultar AMLO las intenciones ya que el discurso presidencial se finca en la ignorancia particular hasta llegar al exabrupto de que “deben ser suprimidos o reducidos porque consumen recursos sin generar beneficios para el pueblo de México”.
Ese plan para aniquilar a los órganos autónomos funciona a la perfección en todo el territorio nacional. Los gobernadores lo han copiado en los estados y en Sinaloa la Comisión Estatal de Atención a Víctimas resiste al sofocamiento presupuestal y toma aire desde donde puede para no abandonar a los que tiene bajo resguardo según se lo determina la ley en la materia.
¿Sabe el Gobernador Quirino Ordaz que la atención a víctimas está pausada, o al menos reducida a su mínima expresión, porque el dinero que se etiquetó para ello no está llegando a la CEAV Sinaloa? ¿Está al tanto de esto el Congreso del Estado o también le hace al pato, en apego a la línea trazada en Palacio Nacional? ¿Por qué no se le entrega en una sola partida todo el presupuesto anual a organismos autónomos o asociaciones civiles subsidiadas por el erario estatal?
Las victimas deben y pueden esperar, es la máxima que replican los gobernantes aun tratándose de un tema de alta prioridad. El mismo esquema se lo aplican a otras instancias como son las comisiones de búsqueda, acceso a la información pública, derechos humanos y anticorrupción sin importar que se les asignaron recursos públicos para su funcionamiento en la correspondiente ley de egresos. Al suministrarles el recurso con cuentagotas o cerrarles la llave presupuestal quedan a expensas de funcionarios que no entienden ni una coma de las disposiciones que violentan.
De esa manera se filtra de lo nacional a lo local el modelo de extinción de los asideros que creó la sociedad para ciudadanizar aquello que no podía seguir en manos del gobierno. La amenaza para desaparecer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el manotazo autoritario contra la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas y el sesgo militante impreso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya están en el recuento de los daños de la intolerancia.

Reverso
Sería bueno si se enteran,
Que aquí seguimos despiertos,
Vigilando que no se mueran,
Ideales que ya creen muertos.

Jodidos, de plano
No hay dinero ni siquiera para procurarle legalidad y tranquilidad a la población, el compromiso y juramento al que los políticos que gobiernan jamás deben declinar. Ayer la Fiscalía General de la República anunció que cerrará las oficinas en Guasave debido a los recortes presupuestales y, al tambalearse el pacto federal, la Alcaldesa Aurelia Leal ofrece apoyo municipal para que la FGR se quede. Tomen pues, malandros, la señal de que la ausencia del Estado es licencia para que tengan a la población y las ciudades de rehenes