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Hay muros que preguntan dónde están
Lo menos que los sinaloenses les debemos a las víctimas de desapariciones forzadas y sus familias es tatuar en la memoria colectiva esta parte de nuestra barbarie que al perdurar en el recuerdo social involucrará más a los ciudadanos en la defensa de la vida de la población inocente que cae en las terribles e infinitas celadas de los violentos.
Al no lograr destrabar la justicia ni las voluntades de las instituciones oficiales de búsqueda, que baste una barda, cartel, cuartilla o historia para mirar de frente, a los ojos, a quienes el Estado nos arrebató a través de los muchos tipos de impunidad y que nunca dejemos de preguntar dónde están. El jeroglífico de la ley en modo cavernario debe reemplazarse sin demora por la demanda civilizada del derecho a vivir, a estar aquí y ahora.
Por olvidar, hemos tropezado siempre con los mismos verdugos. Porque la amnesia nos alejó de la lucha social en defensa de los que han caído al abanderar causas sociales, porque dejamos de evocar a los niños, mujeres y sinaloenses de paz que pisaron el campo minado de la irracionalidad, es que no tenemos serena la conciencia. No hicimos la labor fraternal de apoyo a las víctimas de Tlatelolco en 1968, ni a las de Ayotzinapa en 2014. ¿Defendimos a Norma Corona en 1990 o a Sandra Luz Hernández en 2014?
La acción “En defensa de la memoria” que emprenden Sabuesos Guerreras, el colectivo de búsqueda de desaparecidos, y Juan Panadero, taller de gráfica popular, al articular un esfuerzo cívico amplio para instalar el segundo mural que conserve los rostros y nombres de hombres y mujeres que un día se los llevaron y no han regresado, alienta a no inmolar de nuevo a las víctimas mediante la nula capacidad de retener los agravios, tal vez como último reducto para no volverlos a sufrir.
En el primer logro del mismo objetivo, la pinta efectuada en el edificio de Noroeste en Culiacán, el transeúnte común o el ciudadano cuya sangre hierve ante las injusticias, reciben la posibilidad de que recobren vida muchas historias cuyo final es la infamia consumada contra familias pacíficas. No se han ido, ahí están, interrogando a Sinaloa, México y el mundo de cómo pudimos desprendernos de ellos.
Los murales, el que ya está y el que cobra forma, son la más efectiva denuncia pública de gobiernos que no tutelan el derecho a la vida y que con demasiada frecuencia se convierten en cómplices de los que cancelan las garantías constitucionales. No hay mentira posible cuando el dato oficial aportado por la Fiscalía General del Estado revela que se han contabilizado 4 mil 265 personas desaparecidas en Sinaloa desde 2002 hasta julio de 2019.
En un trabajo para develar autenticidad del fenómeno, el proyecto de indagación de la verdad denominado “A dónde (lle)van (a) los desaparecidos” dio a conocer esta semana que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda dieron información incompleta y con inconsistencias al estimar en 61 mil las personas no localizadas en México, pues las cifras y el problema son mayores a los datos que el informe oficial presenta.
¿Cuántos son en realidad? El colectivo ha documentado que las cifras aportadas por las Fiscalías locales superan o evidencian fallas de los datos que ofrece la Comisión Nacional de Búsqueda. En Sinaloa, por ejemplo, la CNB reportó 34 casos del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2009 y la CNB informó solo de 34 casos. En Jalisco el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición indicó que hay en ese período 2 mil 485 casos y la CNB se refiere a 2 mil 100 casos.
El desfase en el número de víctimas replantea la duda de a qué autoridad hay que preguntarle sobre el tamaño del crimen sin que convierta en dígitos a cada afectado. El Estado insiste en transformarlos en pérdidas incuantificables, mientras las madres y familias de los desaparecidos siguen en el tenaz esfuerzo de recuperarlos, con la paciente espera de que la sociedad se sensibilice antes de que el drama toque a las puertas de otros hogares.
Siguen aquí y que nunca se vayan los desaparecidos. Cuando las instituciones de procuración e impartición de justicia no han querido, no han podido o no han sabido estar a la altura de esta forma de sufrimiento colectivo, a los sinaloenses nos toca hacer visibles a las víctimas y hacerlas gritar para que calle el soliloquio indolente del Estado fallido.
Y mientras el Gobierno calla, maquilla, simula o encubre, que sean las paredes las que hablan. En medio de las dolorosas ausencias que las negligencias de las autoridades e instituciones han permitido, volverán a clamar las víctimas para que nadie diga desconocer el dolor y viacrucis de las rastreadoras. De la tinta y los muros vendrá el reproche a los desidiosos e insensibles. A partir de las pintas de Sabuesos Guerreras y Juan Panadero, las paredes impávidas ya no tendrán ningún valor.
Reverso
No son paredes, son murallas,
Cuyos ladrillos malheridos,
Son recuentos de las batallas,
Son antídoto a olvidos.
Solidaridad perdida
Cómo rendirían beneficios sociales los 125 millones de pesos que el Congreso del Estado aprobó como financiamiento público a los partidos en Sinaloa, si se reasignaran, por ejemplo, a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos a la cual la 63 Legislatura le destinó 6.2 millones de pesos para operar en 2020 y a la Comisión de Atención a Víctimas que le etiquetó 10 millones de pesos. En un estado que lidera en el País en casos de desapariciones forzadas y que arroja a diario infinidad de afectados por la violencia, pareciera de mayor prioridad el gasto de la partidocracia como si esta mereciera el dinero que entre todos le damos.