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A pocos sorprendió el discurso del pasado 16 de mayo de López Obrador. Una repetición insaciable de lo que viene diciendo desde que tomó posesión o incluso antes. El origen de la crisis y de todos los males que aquejan al País es el neoliberalismo. Datos improbables e incomprobables. Falsedades sobre el cambio operado hasta el momento. Incongruencia entre los dichos y los hechos. Renuencia a corregir políticas públicas palpablemente ineficaces cuando no dañinas. Necesidad de hablar y hablar y hablar como si el discurso hiciera que las cosas ocurrieran.
A mí sí me llamó la atención. Estando de acuerdo con los cinco principios que según él “dominan la nueva política económica” a la luz de los hechos me resultan cada uno -juntos y por separado- un gran engaño, una farsa.
Democracia. “Hemos gobernado respetando la soberanía del Legislativo y del Judicial y hemos procurado construir con los gobernadores de los estados relaciones de colaboración y diálogo”. ¿De verdad? Causa en Común y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad hemos mostrado que no hay ningún primer año de gobierno con tantas controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que el actual. Tampoco con tantas actos de autoridad de dudosa legalidad y con la inocultable intención de concentrar el poder y anular en los hechos la división de poderes, como con el presupuesto. A ellas se suman los atropellos al derecho en tiempos del Covid-19. Desde la desaparición de los aguinaldos hasta el Acuerdo presidencial por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública pasando por el decreto sobre las energías limpias.
Respecto a la participación activa “no solo en la decisión de los asuntos nacionales sino también en la administración de los recursos públicos, y... la libertad para ejercer en la forma que considere conveniente los que se destinan a la mejoría de sus entornos inmediatos”, habría que decir que hasta el momento no ha habido ninguna consulta de acuerdo a la Constitución. Todas han sido a modo y amañadas.
Justicia. No se ha promovido legislación alguna que pudiese dar esperanza a los pobres para recibir justicia. La amenaza de castigar a los ricos no suple la necesidad de proteger a los pobres. Sobre la disminución de la impunidad o el fortalecimiento de los órganos e instituciones encargados de administrar y procurar la justicia, ni hablar. Y, de la justicia social, pues no nos queda más remedio que poner un signo de fe o de duda razonable de que ante la pandemia “millones de beneficiarios de los programas sociales han podido permanecer en sus viviendas porque disponen de un ingreso que les permite solventar al menos las necesidades más acuciantes”.
Honestidad. Se necesita aplomo o de plano una buena dosis de cinismo para afirmar, que “se pueden hacer negocios, pero sin influyentismo, corrupción o impunidad”, a unos días de haber revelado los contratos de ventiladores adjudicados al hijo del director de la CFE a los precios más altos del mercado.
Austeridad. La austeridad es un gran principio pero no debe reñirse con el de la eficacia y tampoco con el de mantener controles sobre el poder. Presumir que “las compras del Gobierno... hoy se hacen de manera consolidada y bajo la coordinación... de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” no es un logro si producen desabasto. Tampoco es un éxito si priva al Gobierno de cuadros capacitados y con el conocimiento técnico para manejar procesos complejos y empresas productivas del Estado como Pemex, o si se les impide laborar en el sector privado depués del desempeño en sus cargos públicos. Tampoco si se pagan millones de pesos para mantener un avión que algún día será rifado.
Bienestar. De nuevo un principio inobjetable, pero si la manera de lograrlo tiene alguna posibilidad de éxito. Es verdad que el viejo dicho de que “primero hay que crear riqueza para después repartirla” ha sido un engaño colosal, pero no hay fórmula conocida para alcanzar el bienestar sin crecimiento.
Desde luego que el Estado es fundamental para el bienestar de la población y que debe tener como propósito la promoción del desarrollo. Mídase como se mida, hay poco en lo poco que va de este sexenio que indique la ruta elegida ayude a alcanzar alguno de esos dos objetivos.
