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La violencia que vive la prensa en México no cesa y por el contrario se intensifica. En el primer semestre del año, Artículo 19, documentó 249 agresiones a periodistas, de las cuáles el 42 por ciento fueron cometidas por agentes del Estado y más del 99 por ciento permanecen en la impunidad. Desde el 2000, 131 periodistas callaron cuando fueron asesinados. En casi dos décadas. México se convirtió en el país “sin guerra” más peligroso para ejercer el periodismo, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras.
Así es, a pesar de contar con instituciones que, en teoría, tendrían que promover y garantizar la libertad de expresión, el Estado mexicano ha fallado en prevenir, perseguir y sancionar las violencias a las que se enfrenta la prensa. Históricamente, las autoridades de los tres niveles de Gobierno y de los tres poderes, han optado por impulsar una narrativa que criminaliza o estigmatiza a la prensa en lugar de mirar el problema y generar una política que lo contrarreste. Finalmente, un país donde matan periodistas en total impunidad es uno en donde la libertad es algo francamente frágil y subjetivo, y donde la tentación de controlar a la población siempre subyace.
Es así que, a pesar de grandes expectativas, el “cambio de régimen” de Andrés Manuel López Obrador no ha significado uno para la violenta realidad a la que se enfrenta la prensa en nuestro país.
Nevith Condés Jaramillo, era director de un pequeño medio del municipio de Tejupilco, Estado de México, un lugar cercano a la tierra caliente del estado de Guerrero, una de las zonas en donde el crimen organizado y la violencia se han desatado en los últimos años. Nevith hacía su trabajo dando voz a la gente de su pueblo, hablaba sobre aquello que las autoridades prometen y no cumplen, contaba sobre la falta de servicios públicos y sobre las demandas ciudadanas.
En 2017, recibió una amenaza por presuntos miembros del crimen organizado. Después, en junio de 2019 publicó un video con entrevistas a pobladores y al director de una escuela primaria de la zona, donde reclamaban la falta de apoyo y la suspensión de la construcción de la misma; un sujeto exigió que bajara el video, le marcara a “Anthony”, el Presidente Municipal, y le pidiera perdón. En agosto le quitaron la vida y, hoy, es el décimo periodista asesinado en México en lo que va del 2019 por hacer su trabajo.
La historia de Nevith es una de muchas historias que terminan en silencio; una serie de puñaladas acabaron con su palabra. Y sí, cada vez son más los periodistas en México que antes de morir deciden enmudecer, a los cuáles la impunidad y la falta de verdad les envía un mensaje contundente de desamparo.
No obstante, también es cierto que ha habido momentos en que la resistencia gana terreno y logra atravesar las fronteras del miedo, ocasiones en las que tenemos oportunidad de leer, escuchar, vivir y entender lo que pasa, lo que somos. Periodistas valientes nos cuentan el conflicto: las desapariciones que van por miles, los feminicidios que a la fecha se siguen negando, el abandono del Estado en medio de las catástrofes, la represión, el odio, la discriminación. Es cierto, a pesar de todo, muchos periodistas se juegan la reputación y la vida por informar.
El 2 de noviembre (en nuestro día de muertos) en el mundo se celebra el Día Internacional del Combate a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, un día que nace con la intención de convocar a los gobiernos para que reconozcan y garanticen la libertad de informar. En el marco de este aniversario, la UNESCO y el Gobierno de México llevarán a cabo una Conferencia Internacional el día 7 de noviembre en el Museo de Antropología y previo a este evento una misión de 17 organizaciones internacionales han venido a proponer una serie de compromisos que abonen a la lucha contra la impunidad de los crímenes contra periodistas.
En este sentido, habría que esperar que el Estado Mexicano, a pesar de la abierta confrontación del Presidente con la prensa, busque caminos para combatir la impunidad, fortalezca al Mecanismo de Protección a Periodistas y a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión; revise las leyes que hasta hoy inhiben el ejercicio periodístico y se comprometa a liberar de cualquier proceso persecutorio a periodistas y comunicadores y; también, revierta la narrativa estigmatizadora en contra de la prensa y genere una que reconozca la importancia del periodismo en una sociedad democrática.
