"Las llamadas electorales: intromisión a mi privacidad"
Han empezado a sonar los teléfonos particulares de miles de sinaloenses sin su consentimiento. Son las llamadas que diversas empresas realizan para conocer o manipular las tendencias políticas, de cara a los comicios del 2021. Nadie les ha permitido que lo hagan. Están vulnerando nuestra privacidad.
Cuando un individuo recibe una llamada no solicitada de parte una institución financiera, hay quien defienda sus derechos. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef) actúa a favor de los afectados, quienes pueden presentar una queja, incluso, a través de una plataforma digital y sin acudir personalmente a una oficina. No sucede igual cuando se trata del periodo de elecciones.
¿Qué pasa cuando recibimos una llamada donde nos preguntan a quién preferimos en las boletas del 2021, o cuando nos quieren convencer o manipular sobre ciertas preferencias políticas? ¿De dónde obtiene esa persona o empresa que está del otro lado de tu dispositivo, tu número personal? ¿Quién se los da? Lo que está sucediendo en Sinaloa es una clara intromisión al derecho a la intimidad y a la privacidad de todos aquellos que en ningún momento hemos autorizado que nos llamen.
La legislación sobre datos personales en México se supedita al ámbito de la administración pública y limita su protección al derecho de acceso a la información. Esto resulta insuficiente cuando se trata de información en posesión de particulares.
El derecho a la intimidad, a la privacidad y a los datos personales está reconocido en tratados internacionales que México ha firmado. Basta revisar la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 12 establece que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia y su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
Las personas tenemos derecho a exigir que nuestros datos personales permanezcan en la esfera privada, y los vacíos legales que hoy existen en México y en Sinaloa y que permiten que estos sean usados sin nuestro consentimiento, deben ser atendidos y valorados por el Poder Legislativo. Los y las legisladoras tienen la obligación de establecer los mecanismos de control para detener la amenaza que ya vivimos los sinaloenses.
Los procedimientos que permitan recurrir a instancias legalmente competentes deben ser claros, para que quienes realizan este tipo de llamadas telefónicas, con un claro afán de influir en las preferencias civiles y políticas, sean sujetos de responsabilidades.
La posesión de datos personales solo puede obedecer a atribuciones legales, y su tratamiento y obtención únicamente podrían darse a través de los medios previstos para ello.
Lo que está ocurriendo en Sinaloa es ilícito porque, además, vulnera el derecho a la competencia efectiva y en condición de igualdad de quienes aspiran a un cargo público el próximo año. Nada más desleal que adelantarse a los tiempos que marca la legislación electoral para hacer proselitismo o propagando política.
Por último, ¿hasta dónde puede una empresa o una persona entrometerse en tus preferencias políticas, a través de una encuesta aplicada a dos meses de iniciar un proceso electoral? Ahí hay un escenario que vulnera el carácter secreto del voto.
