"Laberinto fiscal, fábrica de pobres"
La Constitución establece la obligación general de los ciudadanos de contribuir al gasto público (art. 31.IV) de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El Estado mexicano tiene diversas fuentes de ingresos (además de los impuestos, como son otras contribuciones, multas, ingresos petroleros, etc.). Respecto del cumplimiento de dicha obligación a cargo de los mexicanos, el Estado no ha sido muy eficiente. México ocupa el último lugar en recaudación relativa entre todos los países latinoamericanos.
Frente a los ingresos, el Estado tiene una carga importante de gastos (en un entorno de organización federal que dispersa el dinero hacia los estados con una gran opacidad y altos niveles de corrupción dada la escasa fiscalización y control sobre los gobiernos estatales) resulta necesario cuestionarse, en un primer momento, si el sistema fiscal está correctamente diseñado y, después, si funciona adecuadamente para hacer frente a esos gastos. Por “gastos”, piense primordialmente en los derechos prestacionales a la educación, salud, vivienda.
A raíz de la baja recaudación, el Estado ha dependido de los recursos petroleros. Lamentablemente al depender de precios internacionales, los recursos del gobierno han ido a la baja. Ante los pocos ingresos tributarios y petroleros, a efecto de lograr un equilibrio de las finanzas públicas, no queda más que sacrificar inversión en infraestructura, en educación y en salud.
O sea, los derechos por más que estén en la Constitución, si no hay recursos para satisfacerlos, entregarlos, cumplirlos, y el Estado no tiene la creatividad necesaria para resolver el problema, el resultado es palmario: más desigualdad, menos oportunidades para los más pobres y, por su puesto, más pobreza.
Así, México necesita recaudar más impuestos (eficiencia tributaria), que todos paguen (generalidad tributaria), que la recaudación sea realmente equitativa (progresividad fiscal y no una falacia en la progresividad), y finalmente, ser eficiente en el gasto (destino de los recursos públicos para combatir la desigualdad: infraestructura, educación y salud, principalmente).
Una sociedad enferma no puede potenciar su desarrollo. Una sociedad enferma (algunas veces los niños nacen en entornos poco saludables o son hijos de madres enfermas) no puede apropiarse del conocimiento en las escuelas (ello se vincula con la alimentación y otras carencias). Si no hay infraestructura productiva no hay fuentes de empleo ni oportunidades para el desarrollo personal.
Recaudar de manera generalizada y progresiva y gastar de manera disciplinada y con una visión nacional clara tendiente a disminuir las brechas entre ricos y pobres, debe ser la agenda de los próximos años. Si el laberinto fiscal no se corrige, el Estado será la principal amenaza y el principal generador de pobres: una fábrica de pobres.
