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La revista Nexos que comenzó a circular el primer día de este mes dedica buena parte de su contenido a los pendientes de la Corte. Comienza estableciendo que “México vive un insólito y decisivo momento constitucional”, que “las leyes promulgadas por el actual gobierno representan cambios tan sustantivos en la distribución de poderes y facultades del Estado que constituyen casi un cambio de régimen” y “que los pendientes de la Corte son los pendientes de la nación sobre el régimen político que quiere darse”.
La posición editorial es, desde mi punto de vista, la correcta. Se exponen las controversias y acciones de inconstitucionalidad así como algunos de los miles de amparos interpuestos, se da una explicación de la relevancia de estos litigios, se les clasifica y se exploran sus consecuencias pero, no se toma posición a favor o en contra. Eso sí, se imprime un sentido de urgencia a las decisiones que, ojalá más temprano que tarde, deberá resolver la Corte.
Coincido plenamente con la posición editorial. En mi contribución Que la Corte Decida (https://www.nexos.com.mx/?p=49083) sostengo que en estos estos momentos, más que nunca, hace falta la voz de la Corte. A algunos les parecerán bien las resoluciones que eventualmente emita; a otros no. Todos tenemos derecho a expresar nuestro parecer sobre los asuntos constitucionales pero, en una democracia, sólo a ella -no a sus críticos ni mucho menos al titular del Ejecutivo desde el púlpito presidencial- le corresponde la decisión final. Sólo ella puede solventar los conflictos entre poderes y entre órdenes de Gobierno.
Se puede entender que la pandemia haya retrasado el ritmo con que la Corte trabaja, pero hace falta decir que el control judicial sobre los actos del Ejecutivo y el Legislativo no pueden desaparecer por la emergencia sanitaria y que vivir en la incertidumbre es uno de las condiciones que más pueden dañar a un sistema y a los ciudadanos que viven a su amparo.
López Obrador ha querido anclar las cuatro principales banderas con las que llegó al poder en la Constitución y las leyes: un gobierno austero, el fin de la corrupción y la impunidad, acabar con la inseguridad y terminar con la desigualdad. Cuando no ha podido hacerlo por esta vía, ha recurrido a los acuerdos y decretos.
Muchos de los cambios operados a través de su mayoría en el Congreso o a través de acuerdos y decretos se están litigando en la Corte. No porque haya un desacuerdo con los propósitos buscados sino por la forma en que se pretende alcanzarlos; porque de acuerdo a los promotores de los litigios la manera elegida es violatoria de los derechos fundamentales, hay abuso de autoridad o invade competencias.
Ejemplos de la violación a los derechos fundamentales son el impedimento para dedicarse al trabajo lícito que a cada individuo convenga (prohibición durante 10 años para trabajar en el sector privado después de haber ocupado un puesto de alto nivel en el sector público) o la eliminación de la presunción de inocencia que deriva de ciertas leyes como la de Extinción de Dominio o de la Ley de Seguridad Nacional.
Otras leyes y acuerdos constituyen un abuso de autoridad como la reducción “voluntaria” de los sueldos de los funcionarios públicos, figura legal que no existe o, más grave, el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública hasta 2024. Otras más invaden las competencias de los órganos autónomos (fijación de los sueldos de sus integrantes) o de las entidades federativas (creación de la figura de superdelegados). Finalmente está la violación a la división de poderes cuando el Ejecutivo determina unilateralmente una reducción de 75 por ciento del presupuesto en materiales y suministros y servicios generales contraviniendo la facultad de los legisladores de determinar el destino del gasto.
Lo mismo ocurre con muchos amparos, la mayoría de los cuales no llegarán a la Corte, pero que se derivan de las reformas legales y acuerdos emitidos por el Ejecutivo.
Los mexicanos debemos saber si lo que algunos consideran es una trasgresión a la división de poderes, un abuso de facultades o la violación de ciertos derechos fundamentales tiene fundamento. Solo la Corte puede decidirlo. A ella nos atenemos.
