El Alcalde de Mazatlán desde el principio de su trienio no estuvo de acuerdo con la concesión del estadio de beisbol que el ex Alcalde Fernando Pucheta había otorgado a la familia del ex Gobernador Antonio Toledo Corro.
Y, así, desde entonces le buscó para ponerle a la concesión problemas que hoy utiliza para hacer la rescisión. Y la primera fue cuando Quel Galván, el ex titular de la Jumapam, encontró que en el estadio de beisbol había una toma de agua ilegal que inmediatamente fue cancelada con las correspondientes multas.
Antonio Toledo Ortiz, dueño de la empresa Espectáculos Costa del Pacífico y gestor del estadio ante Peña Nieto, alegó ante un juez que no sabía de esas tomas y que si existían estaban desde antes de que asumiera el control del inmueble deportivo. Y eso se litigó y finalmente nos dicen que la empresa ganó el caso y ahora el ayuntamiento deberá devolver lo que pagó, costas, pérdidas y hasta el daño moral ocasionado.
Sin embargo, el Alcalde logró su primer objetivo que era exhibirlo como “ladrón” ante la opinión pública y esa exhibida me recuerda a Alejandro Higuera, el ex Alcalde panista, cuando en su segunda administración hizo lo mismo con el empresario hotelero Julio Berdegué, a quien acusó de robar el agua y conectarse a la red de drenaje público sin los pagos correspondientes. Vamos, es una vieja táctica de los políticos que hoy parece reeditarse con otros fines y donde encontraremos algún actor político que hoy está en la empresa privada.
En el interín de aquel inicio de la administración y la temporada de beisbol pasada, vino una fuerte inversión de la federación, a través del Gobierno del Estado calculado en más de 350 millones de pesos más 80 millones que comprometió la empresa de marras, los cuáles ya habría invertido 60 y 20 estarían sujetos a otras obras inconclusas.
Ese siguiente paso fue incluir en el convenio, además de los beneficios económicos para las finanzas municipales, lo que hoy reclama el Alcalde como incumplimiento, que vienen siendo 2 mil boletos gratuitos por juego en temporada regular, precios especiales para personas de la tercera edad y discapacitados, becas para el uso de instalaciones y mantenimiento de los campos deportivos del municipio.
Que a la vista de cualquiera resulta muy loable para sectores vulnerables. Era un ingrediente social al convenio que todos aplaudieron. Sin embargo, esas exigencias tenían una intencionalidad política, clientelar sin duda, ya que este tipo de servicios comunitarios el Alcalde pretendía administrarlos, a lo que el concesionario se opuso alegando que visto en perspectiva de reelección abonaría a una campaña en perjuicio de otras por lo que se entregaría de acuerdo el convenio a instituciones de beneficencia pública. Y es de donde hoy se agarra el Alcalde para rescindir el convenio, pero también desde donde se va a defender jurídicamente el concesionado.
Definitivamente quedan a salvo sus derechos que se violentaron con la lógica del refrán popular: ¡Palo dado, ni dios lo quita!, es decir, en el imaginario del Alcalde sería imposible cualquier acción contra algo ya consumado. Ya veremos qué dice la defensa y en última instancia el Tribunal del Contencioso Administrativo al que se le hizo a un lado y se actuó motu proprio llevando a notarios públicos, para que dieran fe de un acto administrativo ilegal, pues no pasó por el pleno del Cabildo. Único autorizado legalmente para emprender este tipo de iniciativas de reconvención y porque algunos regidores consideraron que era una barbaridad jurídica.
Y es que todo convenio entre una autoridad y un particular está elaborado, no sólo de común acuerdo entre los interesados, sino conforme a derecho, sustentado en la ley. No puede ser de otra forma. Y eso pronostica un litigio que cae en el peor momento para las finanzas municipales.
No sé quien sea el asesor jurídico del Alcalde, que como se sabe es químico, pero alguien debió decirle que estamos en una emergencia sanitaria y que los litigios del municipio deben darse por los canales institucionales y garantizando sus derechos al concesionado, para empezar con los juzgados en actividad normal. Así que viene el amparo cuando se regularicen la actividad normal de los juzgados que está prevista para después del 20 de abril.
Con estos tropiezos jurídicos es inevitable preguntarse qué es lo que mueve al Alcalde y a su secretario. Llama a pensar que hay intereses más allá de la defensa de los bienes del municipio y que podría haber sustituto en puerta. Nos confían por cierto que es asesorado por un ex Alcalde del puerto. Se ha hablado de que es la empresa Arhe que se ha venido expandiendo en el puerto en el ramo inmobiliario y hotelería y ha manifestado interés en tener en sus manos el inmueble deportivo.
Y hay razones para pensar que así es por la sentencia a favor de la empresa NAFTA que le ganó un juicio al municipio y hay una deuda pendiente de más 140 millones de pesos. Y si el Alcalde está en esa órbita estaría cometiendo una barbaridad jurídica y política. No puede concesionar lo ya concesionado. Y un Alcalde de Morena sirviendo a los intereses de un grupo empresarial huele a todas luces a corrupción política.
Sé que se puede argumentar que el concesionado incumplió con lo establecido en el convenio y que eso automáticamente deja fuera de la cancha al concesionado. Pero estamos en un Estado de Derecho y una autoridad está obligada a garantizarlo. No es mediante este tipo de golpes mediáticos como se garantiza los bienes y recursos del municipio porque notoriamente se ve que actúa de mala fe. Y eso la parte ofendida lo va a litigar en contra haciendo valer la concesión otorgada y firmada. Lo feo del asunto es que si no procede lo vamos a tener que pagar los contribuyentes.
Finalmente, es imposible no hacer una reflexión más sobre este tipo de acciones en medio de la emergencia sanitaria. No se puede dejar de ver mala fe y frivolidad. Mala fe porque se realiza sin un acuerdo de Cabildo que le evite un litigio innecesario a la Comuna, y frívolo porque no es lo que se espera en un momento de emergencia nacional y cuando aparecen los primeros fallecidos por coronavirus en el puerto.
Pero, hay algo más, supongamos que prospere la iniciativa de rescindir el convenio, ¿el Alcalde qué va a hacer cuando se le dejen venir además las demandas de aproximadamente 50 empresas que tienen espacios concesionados en un estadio que no tendría a su equipo de los Venados?
De ese tamaño, es la desmesura, en este desacierto emocional.
Al tiempo.