norma@sanchez-castillo.mx
Mientras que Amazon rompe récord de compras y encuentra en la crisis económica mundial generada por el Covid una oportunidad para vender más, los gobiernos enfrentan la difícil tarea de ajustarse a una era digital para la que no están preparados.
La emergencia sanitaria ha puesto a prueba la capacidad de respuesta institucional a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como herramienta de gestión pública para la prestación de servicios que trastocan de alguna manera los derechos humanos. La recaudación fiscal necesaria para atender oportunamente las necesidades de la población frente al Covid, se ha visto afectada por el despunte de casos de infectados por el virus, muchos de ellos funcionarias y servidores públicos.
En la mayoría de las entidades federativas de México, las instituciones públicas han emitido decretos para la suspensión de trámites e incluso labores, frente al riesgo que representa para sus funcionarios acudir a sus oficinas. Pero las ventanillas en la Unidad de Servicios Estatales de Sinaloa se mantuvieron activas hasta hace un par de semanas y de manera tardía interrumpió los servicios de gestión presenciales que tenían a miles de contribuyentes haciendo largas filas para pagar trámites o impuestos.
Varios funcionarios públicos del Gobierno estatal de Sinaloa que han dado positivo a la prueba del coronavirus y un incremento significativo de enfermos y sospechosos en la entidad -sin contar los que ya han muerto y otros más en estado de recuperación- ha puesto de rodillas a la función pública ante la difícil decisión de modificar las vías tradicionales de hacer gobierno.
El confinamiento social ocasionado por la emergencia sanitaria ha cambiado el comportamiento y debe convertirse en una oportunidad no solo para el sector privado. Las políticas públicas vinculadas al Gobierno Electrónico requieren de instrumentos útiles y efectivos para atender los problemas de la ciudadanía ante cualquier emergencia.
¿Cuánto están invirtiendo los gobiernos para relacionarse virtualmente con los ciudadanos?
Pese a que los usuarios de tecnologías de la información han aumentado en México, la mayoría prefiere conectarse a internet por entretenimiento. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2018 del INEGI arrojó que el 90.5 por ciento de los mexicanos usa internet para acceder a contenidos audiovisuales o para leer periódicos, revistas o libros, contra un 31 por ciento que lo usa para interactuar con el gobierno. Sinaloa está entre las entidades donde más del 60 por ciento de los hogares disponen de conexión a internet.
Lo anterior habla de que el acceso a internet se ha convertido en algo cotidiano para la población mexicana, pero no necesariamente refleja una mejora en la relación sociedad-gobierno.
La organización civil Visión Legislativa reportó recientemente que solo cuatro congresos locales (Colima, San Luis Potosí, Baja California y Chiapas) realizaron reformas a su la ley orgánica y a su reglamento interno, para sesionar vía remota; y solamente uno de ellos, Chiapas, ya sesionó aplicando estos cambios. La actividad parlamentaria tampoco estaba lista.
El impacto del Covid en el ecosistema virtual (que ha beneficiado a los negocios que invierten en marketing digital) urge a un cambio de perspectiva gubernamental que logre mejorar la comunicación sociedad-gobierno, aumente la eficiencia de los servicios y los haga más transparentes.
Apoyar los proyectos de emprendimiento e innovación social desde el presupuesto público permitirá fortalecer un modelo de gestión basado en la aplicación de tecnologías para la solución de problemas concretos y públicos en Sinaloa.
Si la mayoría ya estamos conectados a internet, entonces lo que hace falta es un Gobierno que entienda que más allá de informar, los instrumentos digitales sirven para facilitar la prestación de servicios, estimular la participación ciudadana y resolver problemas públicos incluso en tiempos de Covid.
