Editorial
El caso de Emilio Lozoya apenas comienza, es más, todavía no realiza una sola declaración oficial en México, pero su declaración preliminar recogida por las autoridades en España fue suficiente para cimbrar a la clase política mexicana.
Lo que declaró el exdirector de Pemex en Europa fue revelador porque deja en claro algo que ya sospechábamos: la corrupción en nuestro País no conoce diferencias entre partidos políticos, puestos o ideologías, prácticamente participan todos.
Lozoya reveló otro detalle que muestra cómo la clase política utiliza el poder como una extensión misma de sus vidas, donde los recursos públicos son utilizados como si salieran o entraran directamente de sus bolsillos.
El exfuncionario contó cómo se utilizaron millones de pesos para sobornar a políticos de partidos diferentes al suyo, simplemente para asegurar la votación a favor de la llamada Reforma Energética, clave en la estrategia política priista para continuar en el poder, algo que finalmente fracasó.
El Gobierno federal se propuso abrir la “caja de pandora” para evidenciar a las administraciones pasadas y parece que lo ha conseguido, pero a lo mejor ni siquiera imaginó lo que hay adentro.
El riesgo es de que si siguen escarbando, en un descuido y se encuentran a sus mismos compañeros participando en la fiesta.
El caso de Lozoya, finalmente será un caso emblemático por muchas razones, y una de las más tristes es porque también será un ejemplo de impunidad, la misma que lo mantiene sin pisar la cárcel, a cambio de romper el silencio.
El Gobierno federal tiene que entender que nunca podremos acabar con la corrupción si no le ponemos un alto a la impunidad, la que finalmente alimenta a la corrupción.
Si no pisan la cárcel los criminales de cuello blanco, siempre habrá un funcionario listo para hacer negocio con los recursos públicos.
