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La petición del Presidente a los empresarios para aportar entre 20 y 200 millones de pesos a una causa de beneficencia o a la absurda rifa del avión -no lo sabemos- a través de la compra de cachitos de lotería podría pasar al anecdotario de la picardía mexicana si no fuese porque el hecho es de interés público y tiene consecuencias para el país que gobierna. Aclaro, todo lo que diga o haga el Presidente es de interés público. No es un ciudadano común y no tiene que preocuparse de lo mismo que usted o yo.
Cuando se le cuestionó si con la petición a los empresarios no podría estar incurriendo en algún tipo de ilegalidad, rápidamente contestó que estaba bien asesorado y que lo que hacía era legal. Yo tengo mis dudas sobre si se configuran algunos delitos. Pero en realidad, no importa. La única asesoría que vale es que el Presidente sólo puede juzgado por traición a la patria (supuestamente, quedar subordinado a órdenes y disposiciones de gobiernos e intereses extranjeros) y delitos graves del orden común (indeterminados y sujetos a controversia). Y sólo después de un juicio de declaración de procedencia. Punto.
Revisando lo que hasta el momento se ha escrito, podría haber incurrido en la posible comisión de distintos delitos o faltas administrativas graves o no graves como: ejercicio abusivo de funciones, concusión, cohecho, tráfico de influencias, peculado, conflicto de interés y hasta extorsión. Es difícil hacer cuadrar la definición de los delitos mencionados a la petición que se hizo a los empresarios. Cualquier buen abogado podría argumentar en favor o en contra.
Es irrelevante. Lo que no es irrelevante es que la posición desde la que se pide la “dádiva”, donación o contribución voluntaria pone al contribuyente en una posición de absoluta desventaja frente al peticionario y, más importante aún, que se configuran las condiciones para que estos delitos se cometan y, además, sin la posibilidad de que lo sepamos.
¿Se imagina usted a un ciudadano común ofreciendo una cena en Palacio Nacional a 200 de las personas más acaudaladas del País para una causa justa y noble, colocando la misma hoja papel bond con el mismo texto que colocó sobre su plato el Presidente? ¿Lograría ese ciudadano que alguna de esas mismas personas (ya no digamos 75) cruzara alguno de los cuadritos que iban de 20 a 200 millones de pesos y estampara su nombre, firma y domicilio? Difícilmente. Si no lo hiciera ¿tendría el empresario algún temor de lo que pudiera pensar o hacer ese ingenuo ciudadano? ¿Pasaría por su cabeza algún tipo de consecuencia -perjuicio o beneficio- por no hacerlo?
La cooperación voluntaria que una y otra vez agradeció el Presidente a los empresarios públicamente no tenía las condiciones de ser voluntaria. Para lo que sí había condiciones era para hacerlos sentirse obligados frente al Leviatán, la metáfora creada por Hobbes, que expresa la necesidad de someterse a un fuerte poder para protegerse.
Para ponerlo en un ejemplo cotidiano de la vida real. Un jefe le pide a su subordinada que vaya a cenar a su casa y le pone unos recuadritos opcionales sobre lo que está dispuesta a hacer, pero eso sí, le pide que primero le firme una carta donde dice que acepta la invitación de manera voluntaria.
Con todo, esto no es lo peor. Supongamos que no se cometió ningún delito ni falta administrativa. Pero, se crea la ocasión para que en el futuro se incurra en ellos. Ya dijo el Presidente que no se dará información sobre quién y cuánto contribuyó. Pero el Gobierno la tendrá y de él dependen permisos, licencias, adjudicaciones, autorizaciones, concesiones, arrendamientos, enajenación de bienes y auditorías fiscales. Y, eso de que la justicia no se utiliza ya de forma política no es más que una patraña.
Muchos empresarios hacen contribuciones sociales a las comunidades donde operan, a organizaciones de la sociedad civil, a la filantropía y a muchas otras causas incluidas las de construir hospitales y dotarlos de equipos. Además, pagan la seguridad para que no les roben su mercancía en el transporte ferroviario y carretero cuando no un derecho de piso para poder operar.
¿No sería más acorde con la nueva administración que ya decretó la separación del poder político del poder económico y, sobre todo, más eficiente y eficaz pedirles, exigirles u obligarles a pagar bien sus impuestos en lugar de pedirles voluntariamente a fuerzas una donación? ¿No sería más acorde con la filosofía empresarial haber dicho que no estaban dispuestos a jugar a la lotería?
