Editorial
Resulta que retirar a los manifestantes de las casetas de Nayarit y regresar la legalidad a las carreteras de ese estado ha sido un logro de las autoridades, después de que durante meses permitieron que un grupo de personas las mantuviera tomadas.
En este País donde todo funciona al revés, cualquiera puede tomar una autopista y quedarse con el dinero que consiga quitarle a los automovilistas de manera “voluntaria”, y nadie, nadie puede hacer nada, durante meses.
Imagine las cantidades millonarias que han recibido, de manera ilegal, las personas que se dedican a tomar casetas, con el pretexto de que no debe de cobrarse de manera obligatoria.
Sinaloa, Sonora y Nayarit, hasta ayer, eran los tres estados con más casetas tomadas en el País, un modus operandis que se repite por todas partes, un robo disfrazado de “lucha social”.
En Sinaloa, las casetas de cuota siguen tomadas, sin que nadie se atreva a liberarlas, a pesar de que a unos metros de los manifestantes-negociantes se encuentran de manera rutinaria personal de la Guardia Nacional, división caminos.
Cuando se ha cuestionado a los agentes sobre su inacción, los uniformados aseguran que para poder retirar a los manifestantes ellos necesitan una orden de un Juez, y como nadie ha llegado con la orden, ellos alegan que no pueden hacer nada.
Los gobiernos estatales afectados por las tomas de las casetas defienden que carecen de capacidad jurídica para actuar, debido al carácter federal de las autopistas, por lo que tampoco pueden actuar.
Ahora, que por fin han podido en Nayarit, las imágenes muestran una inusitada demostración de fuerza de las autoridades, debido a la gran cantidad de uniformados que utilizaron para retirar a los manifestantes, aunque hay que decir que el desalojo fue de manera pacífica.
El número de uniformados muestra el miedo de las autoridades.
