Editorial
Durante muchos años, las desventajas del sur de Sinaloa en materia hidroagrícola, respecto a la infraestructura del norte de la entidad, fue tema de campañas políticas de manera recurrente.
En cada proceso electoral, la promesa de gestión fue el mensaje central de los políticos en campaña, y el nombre de la Presa Santa María, una marca que estaría en la mente de todos, principalmente en los productores agrícolas.
Hasta que finalmente llegó al presupuesto federal y dejó de ser rentable para las campañas electorales.
Sin embargo, el proyecto soñado y demandado en el sur, que resolvería no solo asuntos de carácter agrícola sino además, el suministro de agua en la región, podría, de nuevo, quedarse en un proyecto frustrado.
La indemnización de tierras afectadas por la obra es de nuevo una amenaza a un proyecto de esa naturaleza, como alguna vez ocurrió en Mazatlán con la Presa Picachos.
Y es precisamente ese conflicto el que podría estar amenazando un proyecto soñado, que prometía la transformación del sur de Sinaloa para llevar a la región a una nueva zona de producción agrícola.
Si la construcción de la nueva presa es prioridad para las autoridades, deberán poner especial cuidado a las condiciones en que se ha negociado la indemnización de tierras y resolver los conflictos que en estos momentos está generando.
Los resultados que se han tenido en otros proyectos, como las presas o las carreteras, se han convertido en conflictos interminables que solo acrecientan el malestar social.
Las autoridades tienen la responsabilidad de cumplir con un proyecto cuya demanda ha trascendido los años. Pero también, deben asumir el compromiso de darle solución a un conflicto que podría terminar por cancelarlo.
La Presa Santa María conviene a todos, a los productores y sectores que lo han promovido y demandado e incluso a quienes hoy se muestran inconformes. Darle solución deberá ser una prioridad, como lo fue hace años, cuando todos la prometían.
