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Al Instituto Nacional Electoral y a la ley electoral -con todas las prerrogativas que otorga a partidos y candidatos- se le usó como a una escalera y, una vez conquistada la cima, se le quiere dar una patada para privar a “los otros” de la posibilidad de subir por ella. La capacidad de echar a perder casi cualquier cosa está siendo infinita. El desprecio por las instituciones no tiene límite.
Después de muchas especulaciones sobre el nombramiento de los cuatro consejeros faltantes del INE, el complicado proceso urdido por los entonces perdedores y hoy en el poder, se cumplió al pie de la letra comenzando por la convocatoria y la selección de un Comité Técnico de Evaluación. Sólo un integrante del Comité fue cuestionado. No por su competencia sino por su cercanía con el Gobierno. Al final quedó entre los miembros del Comité. Siendo un cuerpo colegiado y habiéndose acordado las reglas de selección para los candidatos a consejeros del INE se juzgó que más valía su permanencia que seguir cuestionando su idoneidad.
Pandemia de por medio, el proceso comenzó el 13 de febrero con la convocatoria a la elección de consejeros y al proceso de integración del Comité de Evaluación. Entre esa fecha y el 16 de julio en el que se remitieron las cuatro quintetas debidamente fundamentadas y motivadas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, mediaron cinco meses y 19 acuerdos.
En el último de ellos, firman los siete miembros del Comité, aunque sobre el nombre de John Ackerman -el único de los integrantes claramente identificado con un partido- puede leerse: “voto particular y disidente, bajo protesta”.
Desde entonces se desató una polémica que, por decir lo menos, es impropia de quienquiera recibir el calificativo de demócrata.
El trabajo de los evaluadores fue impecable. Así lo expresaron los coordinadores parlamentarios incluido el líder morenista de la mayoría de la Cámara de Diputados. El de los detractores del Acuerdo -Morena y PT- está siendo una vergüenza. Las primeras expresiones vinieron del propio disidente que firmó bajo protesta quien ha intentado descalificar el proceso diciendo que entre los perfiles seleccionados hay “conflicto de intereses, personas no aptas, aspirantes que mintieron en las entrevistas de evaluación y cómplices de fraudes electorales”. Todas estas expresiones por el “diferendo de quienes ocuparían los últimos dos lugares de la lista de 10 mujeres”. Su posición resultó minoritaria y decidió pasar a la ofensiva.
Lo peor no ha sido eso sino la expresión de los y las diputadas de Morena y PT que sin ambages sostienen que “es por demás manifiesto que fueron insertadas personas mayoritariamente identificadas con grupos hostiles a la Cuarta Transformación, y que anulan cualquier esperanza de generar los cambios necesarios en el desempeño del órgano electoral; e incluso podrían contribuir a que perduren todos los vicios, sesgos y complicidades que han hecho del INE un énclave de los peores intereses contra la democracia a nivel nacional”. Además, pidieron al presidente de la Junta de Coordinación Política “agotar todos los recursos parlamentarios que garantiza nuestra mayoría calificada y revertir la decisión” así como que “se haga valer nuestra mayoría en aras de depurar y enderezar al INE”. Lo mismo pide Ackerman: la nulidad del proceso en atención a que “en la Jucopo el voto de cada Coordinador Parlamentario tiene el peso equivalente a su bancada, es decir… más de 50% de la totalidad… y por sí sólo podría tomar la decisión de rechazar las quintetas”.
La carta de los y las diputados de Morena, las diatribas del doctor Ackerman y las descalificaciones del Presidente López Obrador al órgano electoral demuestran una sola cosa: la democracia, la ley y cualquier ente que pueda restar su margen de maniobra intentarán ser descartados porque en su perspectiva obstaculizan la voluntad popular.
Tampoco hay visos de que, hoy en el poder, entiendan la naturaleza de los órganos autónomos.
De quien más sorprende esta posición es del doctor Ackerman, que en 2007 publicó un magnífico libro sobre los órganos autónomos y la democracia en el que argumenta que “en los sistemas presidenciales, estos organismos independientes auguran “una mejora en la gobernabilidad democrática pues fortalece(n) y extiende(n) la estructura de pesos y contrapesos que históricamente ha sido relativamente débil …”.
