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La aseveración de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, en el sentido de que el caso del jueves siniestro en Culiacán quedará aclarado exhaustivamente, no aporta una firme esperanza después de tantas frustraciones, omisiones y “verdades históricas”, pero sí corresponde al derecho ciudadano de conocer la verdad en torno a la ominosa realidad que entraña un evento como el que hace una semana desató la violencia y el caos que conmocionaron a la capital sinaloense.
Pareciera puntual la diferenciación que establece Gertz Manero entre la investigación que propone ahora y la acción ministerial que correspondió al caso de Ayotzinapa tan plagado de controversia e indefinición.
Saber la verdad no devolverá la vida a las personas que sucumbieron bajo la metralla cuyo horrísono y letal tableteo envolvió a Culiacán, y tampoco compensará los daños físicos y materiales de quienes resultaron afectados, ni blindará el estado de ánimo de la población sitiada en terrible manifestación de la violencia, pero obrará como un colofón de honestidad para el afrentoso capítulo que escribió la irreflexión del operativo militar cuyo fallido objetivo fue la abortada detención de Ovidio Guzmán López.
Una persistente mácula de esa inenarrable jornada ha sido la desinformación que priva hasta la actualidad, pues la ansiedad de la población, ávida de conocer en qué infierno estaba inmersa, sólo fue correspondida por los videos de las redes sociales con escenas y mensajes alarmantemente patéticos. Esa fue la circunstancial fuente pretendidamente noticiosa que difundió por medio de los celulares los sucesos del jueves 17, cobertura en torno a la cual se han detectado contradicciones y hasta infundios maquinados por la perversidad de algunos bromistas que suelen sacar raja aun de los hechos más aciagos.
Entre esa caótica maraña informativa surge la versión oficial a cargo del General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, quien se vio orillado a declarar públicamente que, de origen, se trató de un operativo militar precipitado, carente de planeación estratégica y de previsión para detener a Ovidio Guzmán López. Esa versión, que no descubre el hilo negro, apenas constituye el esbozo de una verdad muy a medias, pues deja sin respuesta una serie de interrogantes:
¿El operativo de marras se realizó sin previa autorización de los mandos supremos del Ejército? ¿A qué se atribuye que se haya procedido con precipitación? ¿A qué se debió la previa presencia de agentes de la DEA en Sinaloa? ¿Acaso la susodicha precipitación obedeció al impulso de obrar con premura ante la demanda del sector gubernamental de Estados Unidos en relación con la detención y extradición de los hermanos Iván Archibaldo y Ovidio Guzmán, principalmente de este último?
La liberación de Ovidio Guzmán López, que por conducto del Gabinete de Seguridad avaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador, representó la claudicación de la Guardia Nacional ante el exitoso operativo de las fuerzas del Cártel de Sinaloa, pero la encrucijada que planteaba la realidad de una ciudad en virtual estado de sitio definió a la rendición como la única solución racionalmente posible al constituirse en el pago irrenunciable de un irracional error histórico.
Lo único encomiable de esa negra jornada fue la reacción que se manifestó entre la población que abrió las puertas de su hogar y de sus negocios como respuesta cargada de solidaridad ante la emergente demanda de apoyo por parte de los angustiados culiacanenses. Fue una aportación de integridad y desinterés que subsistirá como ejemplo de valor humano.
Obre esta nefanda experiencia como un parteaguas reflexivo para que el Gobierno de la Cuarta Transformación reconsidere con urgencia los protocolos operativos a fin de permitir que la Guardia Nacional recupere su dignidad mediante la correspondiente eficacia.
