Editorial
La Constitución y las leyes que de ella se derivan deberían ser lo más claras posibles para evitar tergiversaciones. Sin embargo, en la práctica, se han vuelto tan ambiguas, que son las múltiples interpretaciones las que provocan que en muchas ocasiones, se tenga poca confianza en ellas. Y sobre todo, que sean muchas las controversias constitucionales que se interponen.
Hay recursos legales que se interponen en contra de mandamientos legales que ponen en duda, por ejemplo, el impacto en los derechos humanos. O se exige una revisión jurídica sobre disposiciones jurídicas en torno a temas fiscales. O se legisla contra un principio que ya está garantizado en la Constitución. Y así, conflicto tras conflicto.
Y ahí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que tomar decisiones que deben sentar jurisprudencia para dejar en claro cuál es el sentido de alguna Ley y cómo es que se debe aplicar.
Y hoy, la Corte, tendrá un reto importante respecto a los derechos políticos de los ciudadanos. Se trata de lo que ha ocurrido en Baja California. Jaime Bonilla Valdez fue electo Gobernador de esa entidad. Fue postulado por Morena y participó para ser electo Mandatario estatal por un período de dos años.
Sin embargo, el Congreso estatal decidió hacer una reforma a su Constitución legal, después de celebradas las elecciones y ratificado el triunfo, para ampliar el mandato de dos a cinco años.
En la Corte ya hay un recurso de inconstitucionalidad en contra de esa reforma, para impedir que el mandato se amplíe. La Corte, deberá resolver otro caso en el que la Ley se interpreta a las conveniencias políticas y la Corte estará, de nuevo, puesta a prueba, para dictar de qué se manera se puede aplicar la Ley.
Mientras se sigan elaborando documentos jurídicos que se presten a diversas interpretaciones, prevalecerá la incertidumbre legal y tendrán que ser los Ministros los que tengan que salir al quite sobre su aplicación.
