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Me congratula compartir el ánimo celebrativo en torno al 47 aniversario de este diario y no puedo ocultar la profunda satisfacción de mantener este espacio de opinión que he llenado desde hace 27 años, lo cual considero un timbre de honor, consciente de la línea editorial que, contra viento y marea, ha preservado “Noroeste”, y que lo consolida como un ejemplo del periodismo auténtico.
En el ámbito nacional, a casi dos años en funciones, el gobierno de la 4T acumula decisiones que los todavía numerosos partidarios aplauden y los crecientes detractores condenan, aunque todo indica que esta dicotomía no afecta la posición del Presidente Manuel Andrés López Obrador, quien, en su Segundo Informe, con la rotundez de una convicción, resumió que México enfrenta “el peor momento con el mejor gobierno”.
Quienes sufren la aciaga realidad generada por el pernicioso Covid-19, y de la agotadora repercusión económica que deriva del proceso sanitario impuesto para combatir sanitariamente a la pandemia, están de acuerdo con el Jefe del Ejecutivo por cuanto a que México está viviendo el “peor momento” de su historia contemporánea, pero cuestionan el concepto presidencial de que esa actual e ingente problemática esté siendo atendida mediante la estrategia que aplicaría el “mejor gobierno”.
El contenido del Segundo Informe de Gobierno describió la situación de un país que está superando todos los males y que en un futuro no distante recobrará bienestar. Tales pronósticos felices han sido puntualmente identificados como una extensión del discurso derramado en las “mañaneras”, evidentemente basado en esos “otros datos” que el hombre de Macuspana dice tener y que maneja a diario.
Uno de los asertos presidenciales que cobra cotidianidad es aquel que propone “abrazos en lugar de balazos” para resolver las situaciones conflictivas, sin embargo, ese cumplimiento está siendo llevado a extremos que obran en detrimento del Estado de Derecho vulnerado actualmente por el crimen organizado y por el hartazgo de sectores demandantes de atención que se manifiestan relegados por la insensibilidad de las autoridades.
En ese neurálgico aspecto sí hay un cambio en la actitud del actual gobierno al descartar cualquier acto de represión violenta ante actos perturbadores de diferente factura y magnitud. Sin embargo, éste es un tema en el que los extremos son contraproducentes como lo reflejan los casos de sometimiento y humillación que grupos delictivos, o de manifestantes anímicamente alterados infieren a los representantes del orden, incluyendo a miembros del Ejército.
Obviamente ningún mexicano en sus cabales quiere regresar a los tiempos de las represiones genocidas como la de aquel 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco, o ese 10 de abril en la Rivera de San Cosme, así como otros crímenes masivos con etiqueta de pacificación civil por parte de las autoridades, pero tiene que encontrarse un punto de equilibrio para preservar la ley y el orden sin caer en los excesos.
En el caso del crimen organizado queda descartada cualquier pretensión de diálogo, pero no así ante los estallidos sociales que están proliferando desde diferentes sectores. Nadie quiere balazos, pero a veces los abrazos carecen de efectividad cuando no están respaldados por una convincente estrategia conciliadora.
En el ámbito caldeado por el hartazgo ciudadano ahora se están registrando hechos inéditos en la historia de México. Tal es la toma violenta de la Presa La Boquilla, en Chihuahua, por parte de agricultores que dicen defender su derecho a disponer de agua de riego. Otro caso es la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por parte del grupo feminista que se identifica como Frente Nacional Ni una Menos, y que ha convertido ese recinto oficial en casa asilo para madres con hijas desaparecidas.
Las invasoras, que se han posesionado de efectos propiedad de la CNDH y los han puesto en subasta, atribuyen su movimiento a una demanda de diálogo fructífero con el Gobierno de la 4T. Quieren ser escuchadas y tal vez ese sea un camino hacia la conciliación.
