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La agricultura y el neoliberalismo no son compatibles. El único sector que no encajaba en el neoliberalismo, como lo demuestra Canadá con el sector lácteos. Por la inelasticidad de su demanda y oferta, que genera sobreproducción. Con el TLCAN se abre la frontera irrestricta a las importaciones agrícolas, antes protegidas. Por lo que se debía compensar con los apoyos para devolver la rentabilidad a los granos. El neoliberalismo es fundamentalista, dogmático y poco racional, como lo define Joseph Stiglitz.
Fue Salinas quien instruyó a su equipo negociador del primer TLCAN, que se incluyera el sector granero en el acuerdo, contemplando el compromiso de apoyar a los productores mexicanos, pero que no siempre se ha cumplido y que resulta costoso con tantas necesidades en el país. Es el único sector que necesitaba una protección especial, dejándolo fuera de la liberación del TLCAN, por la inflexibilidad de oferta y demanda. Frente a los precios más bajos, los agricultores no reducen su producción como algunos han argumentado. En Estados Unidos, de haber sido elegida Elizabeth Warren como candidata demócrata a la presidencia, hubiera habido una perspectiva de cambio muy importante, alejado de los dogmas vigentes por mucho tiempo.
En los últimos cinco años, por la sobreproducción de granos, se dio una reducción de precios al 50 por ciento, de $271 dólares tonelada en 2012 a $141 dólares tonelada. La teoría neoliberal, por considerarlo una distorsión, no busca acercar la oferta a la demanda, llegando a precios debajo de sus costos de producción, con los que competía en desventaja nuestra producción nacional por las asimetrías existentes.
Además de la diferencia natural en costos con ese país, por tratarse de un cultivo con poca mano de obra, en comparación a las hortalizas. En las hortalizas también se genera sobreproducción, pero ya hay un mecanismo para controlarla, que tampoco es perfecto.
Estados Unidos ha tenido un programa de apoyos a la agricultura, por muchos años, que no es neoliberal, sino producto del cabildeo de los agricultores americanos.
Fue en el periodo de Vicente Fox, con Javier Usabiaga Arroyo, como agricultor y Secretario de Agricultura, que entendía la agricultura, que se estableció un blindaje especial contra la ley agrícola americana del 2002, con un programa de apoyo a los productores, mediante ingresos objetivos.
La ironía es que, en años posteriores, su subsecretario de agricultura Víctor Villalobos -hoy Secretario de Agricultura- en una ocasión, de forma grosera me contestó, rechazando mi planteamiento, cuando le recordé de la necesidad de actualizar el ingreso objetivo.
En los gobiernos anteriores ha habido una resistencia a asignar presupuesto para este propósito, que finalmente se asignaban, aunque con una tendencia decreciente, hasta su eliminación este año; pero gracias a la falta de volúmenes a comprar de maíz en el sureste, fue posible que SEGALMEX entrara a pagar el apoyo correspondiente. Todavía a la fecha no se puede implementar, porque no hubo lineamientos claros, ni involucramiento decidido de esta nueva dependencia en un programa integral.
Por otro lado, los productores mexicanos de tomate en 1996 tuvieron que firmar por primera vez el acuerdo de suspensión de la investigación antidumping del tomate mexicano, mediante el acuerdo de un precio mínimo, que suspendía la aplicación de un arancel antidumping. Dicho acuerdo se ha revisado cada 5 años, actualizando el precio mínimo de exportación a aquel país.
En 1996, los principales productores de tomate y sus dirigentes viajaron a la ciudad de México a ver al Secretario de Comercio Herminio Blanco, para informarle de la intención de ir a firmar el primer acuerdo de suspensión antes mencionado. Él es egresado de la Universidad de Chicago, donde enseñaba Milton Friedman, padre del neoliberalismo.
Cuando se le informó en la reunión al secretario Blanco de la intención de firmar un acuerdo con el departamento de Comercio, su reacción fue violenta, contestando a los productores que, si habían hecho dumping, pagaran el arancel correspondiente. Esto es claramente una posición neoliberal radical.
Sin decírselo explícitamente, se le dio “a entender” que no venían a pedirle permiso, solamente querían informarle como una cortesía, porque no era necesaria su autorización, por ser un acuerdo entre “la industria de tomate” (los tomateros) y el gobierno americano, exclusivamente. La posición de Herminio Blanco, dogmáticamente neoliberal, veía como “una distorsión” al mercado de tomates, el aceptar un precio mínimo.
Hace dos años, Raúl Batiz, entonces presidente de la Comisión de Investigación y Defensa de las Hortalizas (CIDH) cuando se firmó el acuerdo, se encontró a Herminio Blanco en un restaurant en Todos Santos, Baja california sur. Le preguntó si él era el dirigente de los tomateros cuando lo visitaron en la ciudad de México sobre el acuerdo de suspensión. Le contestó que sí. Herminio Blanco le dijo que su aparente oposición era solo para provocar que los productores firmaran el acuerdo, cuando no fue así. En esa ocasión le dijo a Raúl, que después de esta experiencia, con una vigencia de 25 años, que dicho acuerdo había servido como modelo de muchos otros acuerdos de suspensión firmados por otros sectores.
