Con el País enfrentando una profunda crisis económica y una crisis de salud provocada por la pandemia, las cosas no apuntan bien para nadie.
Todos sabemos que Sinaloa será uno de los estados que más sufrirá con los recortes al presupuesto, que la mayoría de los municipios sufrirán para llegar a fin de mes y que hasta la UAS anda viendo cómo va a pagar quincenas y aguinaldos, sin embargo, siempre hay quien pide más dinero.
Usted seguramente ya lo adivinó: los partidos políticos. Sí, los siempre insaciables políticos ya están demandando carretadas de dinero, con el pretexto de que el 2021 será un año electoral.
Nada más para que usted tenga una idea, en el 2019, los partidos políticos “devoraron” 122 millones de pesos de los bolsillos de los sinaloenses.
Pero para el 2020 aumentaron y derrocharon 190 millones de pesos y ahora están solicitando, por lo menos, 257 millones de pesos, para enfrentar el año electoral en el 2021.
La pregunta es si ¿saben dónde están parados? O simplemente no les importa nada, solo gastar el dinero de los contribuyentes.
Voto caros
El otro gran devorador de recursos sinaloenses es el Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa, que está solicitando una cifra récord de recursos para sacar adelante el proceso electoral de 2021.
Contagiado por los partidos políticos, el IEES ha ido incrementando su demanda de recursos cada año, y para el 2021 quiere romper todos los récords.
En el proceso electoral de 2018, los funcionarios del IEES se gastaron 264 millones de pesos para que pudiéramos votar por el tsunami que nos trajo a alcaldes como “Billy” Chapman, “El Químico” Benítez o Jesús Estrada Ferreiro.
En 2019, sin proceso electoral de por medio, el instituto recibió solo 80 millones de pesos de los sinaloenses, pero agárrese de donde pueda para decirle la carretada de recursos que están solicitando para el año que entra: ¡¡¡417 millones de pesos!!!
Aunque usted no lo crea.
Un 2021 sin dinero
En términos económicos, el 2021 parece ya un año perdido.
Vamos a gastar lo que no tenemos para encender la licuadora que tenemos por democracia y poner a los mismos de siempre en el poder, por más que se pinten de otros colores.
Sinaloa recibirá un 7 por ciento menos de los recursos federales que recibía, habrá una menor recaudación debido a la desaparición de empresas y a la baja productividad en muchas áreas afectadas por la pandemia.
Tampoco habrá nuevos impuestos ni se esperan inversiones de gran magnitud, ni federales, ni estatales, ni privadas.
Así que gastar por gastar debe de ser el último de los recursos.
Casetas liberadas
En cualquier país del mundo, las personas que tomaran una autopista y se pusieran a cobrar las cuotas para echarse el dinero del peaje en los bolsillos serían considerados criminales y seguramente terminarían en la cárcel.
Aquí en México, con un proceso electoral en camino, el País permite que esos “criminales”, disfrazados de activistas sociales, permanezcan cobrando el peaje durante 322 días y luego se gasta una fortuna en armar operativos gigantescos para pedirles, de la manera más educada que se retiren del lugar.
Después de casi un año de que las casetas de las autopistas de Sinaloa habían sido tomadas por decenas de personas cuyos líderes permanecieron en el anonimato hasta el último momento, por fin fueron liberadas.
Fue necesaria una extraordinaria fuerza de decenas de elementos de más de 10 corporaciones, dependencias federales y estatales, Ejército y Marina, y la Comisión de los Derechos Humanos, para verificar que nadie era afectado en sus derechos durante el “desalojo”.
La noticia
La buena noticia es lo que importa, o por lo menos lo único que importa a los gobiernos.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue el encargado de anunciar, personalmente, la liberación de las casetas de las autopistas de Sinaloa.
Nada dijo de los “activistas” que recolectaron millones de pesos durante los meses que ordeñaron a los automovilistas que pasaron por las casetas durante casi un año y que se retiraron “pacíficamente” cuando apareció el macroperativo para retirarlos.
El operativo fue encabezado por miembros de la Guardia Nacional, los mismos que resguardaban las casetas, a unos metros de los responsables de la toma de las casetas.
Tampoco habló el Presidente de los millones de pesos que perdieron las empresas que operan las autopistas y que durante ese tiempo dejaron de percibir.
Tampoco dijo nada, el Presidente, sobre el castigo que merecen los responsables de perturbar las vías públicas, ni de la enorme cantidad de dinero que recibieron y de los que nadie dará cuentas jamás. Si acaso los llamó delincuentes.
Las pérdidas
Es muy difícil cuantificar las pérdidas que dejarán las casetas tomadas en Sinaloa, debido a que son operadas por empresas que operan una concesión, pero tenemos algunos datos de cómo le afectan a Sinaloa.
Por ejemplo, los ingresos de la caseta de Guasave de la Maxipista forman parte de un fideicomiso que permite que el 25 por ciento de lo recaudado se reparta a partes iguales entre el Municipio de Guasave y el Gobierno del Estado.
Nada más esta entradita le permite a Guasave recibir cada año alrededor de 40 millones de pesos, una cantidad que es oxígeno puro para un municipio mediano.
Decenas de obras que hoy disfrutan los guasavenses se han construido con estos recursos en los últimos años, dinero que cuando más lo necesitaban simplemente desapareció, no llegó, porque un grupo de “activistas” se lo echó al bolsillo.
Otra de las casetas, la de Limón de los Ramos, no se encuentra sobre la Maxipista, pero la alimenta, está ubicada en la salida de Culiacán rumbo al norte, lo que permite que la usen miles de automovilistas cada día.
Bueno, los recursos que genera se reparten a partes iguales entre el Ayuntamiento de Culiacán y el Gobierno del Estado, salvo que este año no llegaron a ningún cuenta oficial.
