Editorial
En Sinaloa, si algo tienen en común los delitos con más incidencia es que son los que registran los niveles más altos de impunidad.
Y la impunidad es la que ha provocado que en México se sigan cometiendo actos violentos, que dañan el patrimonio y que atentan contra la integridad de las personas.
Sí, los operativos que se llegan a montar contra la inseguridad y la violencia son espectaculares y generan expectativas porque la población espera que con ellos, ahora sí, se resuelva un problema que hasta ahora no se ha querido resolver.
Porque la violencia, y la inseguridad, no solo se debe atender con el uso de la fuerza de los cuerpos policíacos, sino que se requiere de la fuerza del Estado, la que sepa garantizar una sociedad justa, en la que se castigue a los responsables de violar las leyes y en las que con base a la Ley, se repare el daño.
Sin embargo, en la atención a la inseguridad y a la violencia que se originan en diferentes sectores de la sociedad, como ha ocurrido en Sinaloa, ha hecho falta Estado.
Sí, un aparato que considere no solo la acción policíaca contra hechos de inseguridad y de violencia, sino que también, establezca las acciones que permita ir atendiendo los elementos socioeconómicos que dan origen a la violencia y a la inseguridad en la sociedad.
Pero también, un aparato del Estado que sea capaz de garantizar que el delito va a ser castigado, de manera justa y de que la impunidad sea lo menos, cuando se hable de inseguridad.
Los datos más recientes del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa son lamentables por lo que revela: la impunidad es lo que marca a los delitos en la entidad y el castigo es el gran ausente.
Habrá que reconocer que hace falta Estado y animarse a emprender las acciones para que otra historia sea la que se pueda contar de Sinaloa y de México.
Mientras se siga posponiendo, en Sinaloa y México se seguirá asociando a la violencia y la inseguridad con la impunidad. Y eso no puede seguir así.
