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@vraldapa
Debo advertir primero, antes de que inicie la lectura de este artículo, que no soy economista y que mi observación y análisis tiene más que ver con la reflexión desde el punto de vista ciudadano, en torno a los impuestos, que una opinión especializada y justificada en las fórmulas matemáticas de la economía. Aclarada esta necesaria advertencia, y sin la autorización, siempre celosa y muy exclusiva del gremio de los economistas, se anota lo siguiente:
El tema de los impuestos ha sido por décadas un asunto polémico, discutido y entendido siempre de acuerdo a la diversidad de los enfoques e intereses de quien por obligación tiene que pagarlos y muy pocas veces en la reflexión de sus propósitos. Una definición de impuestos ayuda a entender su función social, entendidos éstos como el monto de dinero que las personas y las empresas deben pagar a una entidad gubernamental, pudiendo ser local, regional o nacional, que tienen el objetivo de financiar los servicios que el gobierno tiene que prestar a los ciudadanos.
Aún cuando se alude al propósito de los impuestos, siempre suelen ser ferozmente descalificados por quienes pugnan para que se paguen menos impuestos, sus argumentos suelen basarse en el inconveniente de la corrupción oficial y en el uso ineficiente e ineficaz de estos recursos económicos en las instituciones públicas. Una larga lista de señalamientos de corrupción en las instituciones de gobierno se ha vuelto la justificación más efectiva para inhibir el pago de impuestos y desautorizar cualquier aumento o creación de nuevos recaudos, pues se da por hecho que todo va a dar a un “gobierno corrupto”. No obstante, los impuestos siguen constituyendo el principal componente de los ingresos del Estado mexicano para el cumplimiento de sus actividades y satisfacción de necesidades sociales, garantizar la estabilidad y hacer frente a problemas como el aumento exponencial de la pobreza, la violencia y emergencias como la actual pandemia del Covid-19.
De ahí que cualquier servidor público o legislador que se jacte de representar a las mayorías, si respalda la disminución o desaparición de impuestos justificados, estaría entrando en una contradicción, pues es de los impuestos como se financian las instituciones y programas públicos, incluyendo al mismo poder legislativo y los partidos políticos. Una contradicción deshonesta de principio, pues en este binomio entre servidor público y legislador, recae la responsabilidad de proponer, planear, decidir, ejercer y supervisar el uso y utilidad social del recurso público producto de los impuestos.
Sin embargo, el tema de los impuestos siempre se ha abordado desde posturas que parten del principio de pagar menos impuestos. Prioridad y habilidad desarrollada en nuestro país para quedarse con mayores ganancias teniendo como opción el encontrar los medios para evadir el pago de impuestos o pagar lo menos posible.
El propósito original de los impuestos se ha desvirtuado, la razón moral de contribuir ha perdido su significado social, a tal grado de que se considera astucia elogiada encontrar nuevos mecanismos para evadir el pago de impuestos.
Lo cierto es que si uno de los argumentos de mayor peso para pagar menos impuestos está relacionado con el manejo corrupto del erario público, entonces el problema debiera centrarse en cómo evitar tales actos de corrupción. Por eso resulta penoso y hasta cierto punto inaceptable que legisladores y empresarios cuestionen la creación de nuevos impuestos o demanden la disminución de otros, y al mismo tiempo exijan apoyos y resultados a las instituciones públicas del Estado.
Si bien es cierto que, desde el punto de vista técnico de la economía, explicar la procedencia, función y destino de los impuestos puede resultar complicado y relativo, se pretende por algunos mezquinamente manipular el propósito de la contribución, modificando su concepto original de tributo cuyo pago genera una contraprestación indirecta para el contribuyente. Es el cobro de un beneficio del Estado que recibe indirectamente quien lo paga, pero que es el mismo Estado quien lo recauda.
Desafortunadamente en el periodo neoliberal mexicano, se denostó la figura del Estado y sus instituciones al grado de generar un clima de desprestigio social, hasta prácticamente desmontar las capacidades para las que fueron instituidas. La intención era privatizar todo servicio considerado como público.
En la mentalidad del contribuyente mexicano, se creó una imagen de Estado y Gobierno como adversarios, enemigos a vencer. En otros países como Dinamarca, existe una conciencia más positiva a la hora de contribuir con sus impuestos para cimentar una sociedad con altos estándares de bienestar, esfuerzo colectivo que ha llevado a este País a considerarse como una de las naciones con los mayores niveles de felicidad y al mismo tiempo con los más altos impuestos.
En cambio aquí en México, el tema de los impuestos sigue siendo un instrumento más que de contribución, uno de manipulación política y electoral, a propósito de que el pasado primero de junio entró en vigor el impuesto del 16 por ciento a las plataformas de servicios y venta de productos extranjeros digitales que operan en México.
Hasta aquí mi opinión, los espero en este espacio el próximo viernes.
