Notario 210 de Sinaloa
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La alternancia política es un buen propósito de las democracias. Salvo por la relativamente reciente incorporación de las candidaturas independientes -cuya negativa injustificada no encontraba feliz cobertura en nuestra Constitución, pues ahí se dice con claridad que los ciudadanos tenemos la prerrogativa para votar y ser votados, pero, cual cacicazgos, dicha posibilidad se cercenó en beneficio de los partidos, no de los ciudadanos- la formación de cuadros en los partidos ha privilegiado la acumulación de experiencias para ganar elecciones (y retener el poder como sea, instrumento de la apropiación de la riqueza) y no para gobernar bien, mejor, o con técnica (Usted elija).
El propio Presidente de la República sostiene, de manera equivocada, que gobernar no requiere ciencia. Habría que incendiar entonces todas las bibliotecas y cerrar las escuelas y universidades. Pésima convicción de lo público que produce que su Gabinete no acierte. Administrar es complejo y se requiere tomárselo con seriedad. El coronavirus abre la puerta claramente para demostrar que ante un riesgo sanitario, los gobiernos sí requieren mucha ciencia, mucha técnica y mucha experiencia.
Quienes han accedido al poder político han ido plasmando en la Constitución su manera de entender al País y su visión de hacia dónde debe dirigirse. Lo cierto es que hoy las reglas son las que son y el administrador público debe cumplirlas, con independencia de su ideología o de la ideología del partido que lo postuló para el cargo. La ideología jamás podrá detener al mandato constitucional. De juicios de amparo se llenarán los juzgados y tribunales, en caso contrario. De ahí el afán de algunos gobiernos de controlar a los poderes judiciales.
Desde el punto de vista ideológico, los deberes y las obligaciones impuestas sobre las autoridades del País, en lo que a los poderes ejecutivos (de los tres ámbitos) se refiere, son neutros. Con ello no ignoro que su establecimiento en la ley no lo fue, sólo sostengo que su cumplimiento debe serlo. Lo verdaderamente peligroso es la falta de una doctrina o corriente de pensamiento, así como la ausencia de gobernanza. El desarrollo económico, social e institucional que sirve para promover equilibrios en la sociedad, en la economía y del Estado hacia ellos, no se logra a partir de ingeniosidades o chistes que no consiguen conformar una política pública y que se asemejan, en los hechos, más a ocurrencias que a programas políticos.
Anunciar la rifa del avión presidencial sin antes haber aterrizado en la lectura del marco jurídico que constituye un obstáculo, al menos transitorio, desnuda esa improvisación que marca agendas públicas y que vaticina el fracaso. Si algo sale mal, que habrá de salir mal cuando las decisiones se toman sin conocimiento y se ejecutan por personas sin experiencia, culpar a quienes antecedieron o a los espectadores sociales, sean medios de comunicación, sociedad civil organizada, cámaras y grupos empresariales o sindicales se antoja como excusa fácil. La receta de poca o nula experiencia, es infalible: presagia el fracaso.
Por otro lado, las opacidades en los ingresos, la falta de transparencia en el gasto, la posibilidad de hacer negocios desde el poder político, siempre producirán incentivos perversos, sobre todo cuando los políticos busquen sacarse la lotería con el puesto público. La concepción patrimonialista de la función, de la oficina pública, sus recursos y su personal, sigue siendo una de las causas de las profundas ineficacias de las autoridades en México. Ricos que antes eran pobres. Durante su gestión se codean con quienes (dicen) no estar de acuerdo con esas asquerosas fórmulas. Después, son repudiados socialmente. No los saludan ni en su casa.
¿Qué podemos hacer para corregir el rumbo? La respuesta no se pinta de manera sencilla ni tampoco se requiere descubrir el hilo negro. Basta con revisar lo que otros países han hecho. Evitar, por ejemplo, el contacto del dinero con el servidor público, a través de trámites y pagos por Internet y pago con tarjetas bancarias. Poner fin a las reuniones privadas a puerta cerrada de funcionarios que controlan permisos y licencias. Evitar el lambisconeo y coqueteo del poder económico con los funcionarios públicos. Todo abierto, todo por Internet y sin flujo de efectivo. Cuando adviertan que es más difícil hacer dinero ilícito desde el gobierno, abandonarán el servicio público y otras personas con otros valores los ocuparán.
Desde la ciudadanía, la participación de todos es apremiante. No se trata de sustituirse en la autoridad, ni que ésta decline a sus deberes constitucionales. ¿Cómo? Colaborando limpiando las banquetas, las calles, parques y jardines (aunque el deber sea del Municipio). Al hacerlo, otros lo imitarán y tendremos una mejor ciudad. Denunciar al quien ensucie la ciudad y exhibir la indolencia de las autoridades, también. Sentirse y ser agente del cambio.
¿Ideología, idea o buen gobierno?