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La extinción de 109 fondos y fideicomisos en México ha confirmado la debilidad de los partidos políticos. Pese a cuestionamientos del sector social, empresarial y académico -base de la participación organizada del Sistema Nacional Anticorrupción-, el Congreso de la Unión rechazó un debate razonado y serio, y decidió eliminarlos asegurando que combate la corrupción.
La premisa de las y los legisladores de Morena que optaron por obedecer el mandato del Palacio Nacional fue tan pobre como la del resto de los partidos que intentaron convencer, sin éxito, que son una real oposición política. La falta de argumentación consistente reflejó la incapacidad de dar certidumbre al ejercicio del Gobierno. No hubo apertura a la participación ciudadana.
En 2015, la organización civil Fundar y el colectivo México Infórmate dieron a conocer los resultados de un diagnóstico soportado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A través de solicitudes de información pudieron sistematizar en una sola plataforma, una sola base de datos de 614 fideicomisos que existieron de 2006 a 2014 en el gobierno federal y en los que ingresaron más de 2 billones de pesos.
En su análisis encontraron que solo había información disponible a partir del 2006, pese a que desde 2004 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (entonces IFAI) ordenó su organización y sistematización a la Secretaría de Hacienda.
El documento titulado “Fideicomisos, las cajas negras de los gobiernos” confirmó que no era claro el proceso de extinción de los fideicomisos, ni cuántos realmente ya habían sido extinguidos y cuántos faltaban por extinguir En pocas palabras, estos instrumentos jurídicos han sido usados con total discrecionalidad por el sector público y particulares.
Desde el 2014 los fondos públicos y fideicomisos están obligados a transparentar sus acciones y a rendir cuentas, como cualquier entidad que administra recursos de los ciudadanos. Una reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública los obliga a crear para ello Unidades y Comités de Transparencia, y a fomentar el uso de tecnologías para garantizar el acceso a la información que generan. Cuando no cuentan con estructura orgánica deben hacerlo a través de sus áreas administrativas; es decir, todos y sin excepción, tienen que informar lo que reciben y cómo lo gastan. No importa su tamaño.
Pero la realidad es otra. La mayoría incumplen la Ley y ni siquiera disponen de una página de internet. Este escenario se repite en un sinfín de organismos que operan recursos públicos, partidos políticos incluidos. Basta con revisar las verificaciones diagnósticas anuales elaboradas por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa para confirmar qué partidos son los más opacos y cuáles los más transparentes en esta entidad.
El uso de recursos públicos con opacidad y a discreción no es privativo de los fideicomisos y fondos públicos. Sobran los casos documentados que confirman que la práctica se extiende a todo tipo de instituciones e instrumentos operativos en México, tales como los programas sociales usados como botín político y electoral en las 32 entidades federativas.
Por eso es que de las mesas de trabajo del proyecto denominado Gobierno Abierto en el que participan organizaciones civiles y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, se ha asegurado para el Cuarto Plan de Acción el compromiso de la Secretaría de Bienestar (Bienestar), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) y Secretaría de la Función Pública (SFP), de instrumentar un proyecto piloto en cinco programas sociales con el fin de identificar la trazabilidad del gasto público, detectar áreas de riesgos de cumplimiento de objetivos y metas, así como probables actos de corrupción, e iniciar procedimientos de denuncia en caso de irregularidades. Los programas son: U010 Sembrando vida, U009 Pensión Para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente, U280 Jóvenes construyendo el futuro, U084 Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y S176 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores.
Coincide que en ese Cuarto Plan de Acción también se incluyó el compromiso de la SFP para diseñar e implementar, junto con organizaciones civiles, una estrategia de transparencia que fortalezca la rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos operados a través de fideicomisos públicos con o sin estructura, para combatir la corrupción y la impunidad.
Esos dos compromisos reconocen un problema que centra su solución en mecanismos de evaluación y análisis, con participación ciudadana, para la toma de decisiones conjuntas. La determinación de extinguir una parte de los fideicomisos y fondos, sin respetar el acuerdo de Gobierno Abierto, rompe la confianza depositada en las instituciones públicas que se comprometieron a evaluar antes de decidir.
La política del Gobierno federal para eliminar lo que considera corrompido, en varios casos documentados ya en México, contradice la propia Política Nacional Anticorrupción aprobada en enero del 2019 por el Sistema Nacional Anticorrupción con el aval de la propia Secretaría de la Función Pública.
Esta Política reconoce que además de cambios normativos y de gestión, corresponsabilidad y participación social, es necesario intervenir en los puntos de contacto entre gobierno y sociedad donde se manifiesta la corrupción en forma de extorsión (soborno) y colusión (redes), al momento de realizar un trámite, solicitar un servicio o acceder a los beneficios de un programa social. Este tipo de actos de corrupción se dan directamente, de uno a uno, pero también aparecen donde participan muchos. Lo anterior demuestra que la corrupción no se trata de instrumentos, sino de mecanismos de control que impidan que estos se den en cualquier tipo de relación sociedad y Gobierno.
Por eso la afirmación de estar acabando con las viejas prácticas de opacidad que prevalecían en pasadas administraciones, como lo afirma la propia Secretaría de la Función Pública, se diluye inmediatamente. Gobernar sin evaluar ha sido una constante de la actual administración, que ha tomado una decisión sin informar con argumentos sólidos que realmente se combatirá la corrupción en redes o entre dos participantes.
Ahora que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concentrará 98 mil 478 millones de pesos producto de los fideicomisos y fondos extinguidos, es necesario que se transparenten los criterios de distribución que serán aplicados. De lo contrario, las viejas prácticas seguirán tan vigentes como hasta ahora.
